Fotografía: Erick Perales
La discusión sobre la permanencia o prohibición de las corridas de toros en Hidalgo podría pasar de las comisiones legislativas a una consulta ciudadana.
En el Congreso local comenzó a tomar forma una propuesta para que la población participe directamente en la definición del futuro de la tauromaquia en la entidad, tema que desde hace más de un año mantiene divididas a distintas fuerzas políticas, agrupaciones taurinas y colectivos defensores de los animales.
La presidenta de la mesa directiva del Congreso de Hidalgo, Mónica Leanett Reyes Martínez, turnó a la Primera Comisión Permanente de Gobernación una solicitud para analizar la viabilidad de dicho mecanismo de participación ciudadana, impulsado por legisladores de Morena y Nueva Alianza.
La propuesta contempla que las y los hidalguenses decidan si las corridas de toros deben mantenerse y reconocerse como patrimonio cultural inmaterial o si, por el contrario, deben prohibirse los espectáculos relacionados con la tauromaquia en el territorio estatal.
El debate legislativo ocurre en medio de dos iniciativas con posturas completamente opuestas. Por un lado, continúa pendiente el análisis de la propuesta presentada por el diputado Avelino Tovar Iglesias, quien busca prohibir las corridas de toros en Hidalgo.
La iniciativa ha permanecido más de un año en revisión y recientemente recibió una nueva prórroga para ampliar el periodo de dictaminación.
En contraste, el legislador Marco Antonio Mendoza Bustamante presentó otra propuesta orientada a proteger la tauromaquia y las peleas de gallos bajo la figura de patrimonio cultural, argumentando que ambas actividades forman parte de las tradiciones populares del estado.
En semanas recientes, el Congreso local también organizó foros de diálogo en los que participaron asociaciones taurinas, especialistas y colectivos animalistas, quienes expusieron argumentos a favor y en contra de la práctica.
La posibilidad de una consulta ciudadana generó críticas inmediatas entre activistas defensores de los animales. Jonathan Job Morales, presidente de BioFutura, acusó que los diputados “están tratando de ganar tiempo” y aseguró que “la violencia no se puede consultar”.
Por su parte, Arturo Berlanga, director de Ánima Naturalis México, calificó la propuesta como “inconstitucional” y advirtió que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que el proceso avance.
KNM
