Fotografía: Especial

 

La falta de intérpretes durante los procesos judiciales, posibles violaciones al debido proceso, delitos no graves, problemas de salud y el cumplimiento de gran parte de las condenas son algunos de los criterios que la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI) analiza en una revisión que podría derivar en la liberación de entre 50 y 70 personas indígenas privadas de la libertad del estado.

El titular de la dependencia, Prisco Manuel Gutiérrez, informó que el estudio de los expedientes comenzó hace aproximadamente un año y se realiza en coordinación con el Instituto Federal de la Defensoría Pública y el Poder Judicial.

Precisó que la mayoría de los casos, más del 95 por ciento, corresponde a personas ya sentenciadas y cerca del 90 por ciento son hombres.

Explicó que no todos los expedientes serán susceptibles de liberación ya que cada uno se revisa de manera individual.

Entre los supuestos considerados se encuentran quienes purgaron más de la mitad de su sentencia, enfrentan delitos no graves, no pudieron cubrir la reparación del daño o presentan irregularidades en su proceso legal. También se analizan casos de personas con enfermedades graves.

Gutiérrez señaló que los primeros resultados podrían concretarse hacia finales de este año con alrededor de cinco liberaciones, mientras que una segunda etapa se desarrollaría el próximo año.

Agregó que varios procesos judiciales se prolongaron por la ausencia de intérpretes, situación que afectó el acceso pleno a la justicia de personas pertenecientes a los pueblos náhuatl, hñähñu y tének.

El funcionario agregó que Hidalgo cuenta con alrededor de 235 intérpretes asignados por la CEDSPI a juzgados y ministerios públicos, además de cerca de 200 personas certificadas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y otras instancias para acompañar procedimientos judiciales.

Indicó que por cada audiencia o sesión reciben un apoyo de mil 700 pesos, por lo que llamó a más hablantes de lenguas indígenas a certificarse para fortalecer el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de sus comunidades.

 

KNM