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Tras examinar pruebas documentales, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, afirmó que se descarta la vinculación a Miguel Ángel Osorio Chong por el desvío de 65 millones de dólares.
No existen pruebas documentales que vinculen a Miguel Ángel Osorio Chong con las irregularidades detectadas en el desvío de más de 65 millones de dólares relacionado con un contrato de la extinta Policía Federal firmado en 2015, afirmó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro.
Durante la conferencia presidencial de este martes, Buenrostro fue cuestionada sobre la posible responsabilidad del exsecretario de Gobernación en el caso por el que fueron sancionados dos exmandos de la Policía Federal.
La funcionaria respondió que, con base en el expediente y las pruebas documentales revisadas por la dependencia, no existe ningún documento firmado por Osorio Chong que lo involucre directamente en las irregularidades.
El caso está relacionado con recursos destinados a cumplir obligaciones derivadas de un contrato firmado en diciembre de 2015 entre la entonces Policía Federal y la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.
Por este asunto fueron sancionados Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, y Damián Canales Mena, exjefe de la División de Inteligencia de esa corporación.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó inhabilitaciones de hasta 20 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, además de sanciones económicas relacionadas con el daño patrimonial calculado en más de 65 millones de dólares.
De acuerdo con Buenrostro, los funcionarios sancionados se encontraban “seis o siete niveles” por debajo del secretario de Estado dentro de la estructura administrativa.
La titular de la SABG insistió en que la investigación se sustenta en los documentos que obran en el expediente y que, hasta el momento, no se ha encontrado documentación firmada por el entonces secretario de Gobernación.
El contrato involucrado fue celebrado en 2015 por la entonces Policía Federal con Rafael Advanced Defense System LTD, y las sanciones administrativas derivaron de las investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción.
La discusión sobre la posible responsabilidad de Osorio Chong surgió debido a que la Policía Federal dependía de la Secretaría de Gobernación durante el periodo en que se realizó el contrato.
Sin embargo, la funcionaria federal sostuvo que esa relación jerárquica no constituye, por sí misma, una prueba documental de participación en las irregularidades.
El caso permanece bajo investigación en la vía penal, mientras que las sanciones administrativas contra Martínez Zamora y Canales Mena ya fueron determinadas por el tribunal correspondiente.
KNM
