Fotografía: Especial
La posibilidad de que la Presidencia Municipal de Acaxochitlán firme contratos y convenios sin autorización previa general del Ayuntamiento quedó descartada, luego de que ocho integrantes del Cabildo votaran contra la reforma constitucional que plantea este cambio en la administración pública municipal.
La iniciativa, discutida durante la sesión última de Cabildo, recibió cinco votos a favor, por lo que no prosperó la modificación de la fracción XV del artículo 141 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
El rechazo estuvo marcado por las dudas expresadas sobre los controles que tendría el Ayuntamiento para supervisar los acuerdos que comprometan al municipio.
La regidora Gema Moctezuma Arroyo puso como ejemplo los contratos relacionados con la recolección de residuos, al señalar que sus costos, plazos y condiciones deben revisarse antes de establecer obligaciones para la administración.
En la misma línea, Jackeline Oliver Hernández cuestionó que la eliminación de la autorización previa general fuera necesaria para agilizar el trabajo del gobierno municipal.
La asambleísta recordó que desde el 6 de septiembre de 2024 el presidente municipal cuenta con facultades para celebrar convenios con instituciones de los ámbitos federal y estatal, así como con particulares.
Desde su perspectiva, reducir los procedimientos no debe significar un debilitamiento de la transparencia, la vigilancia y la rendición de cuentas.
La propuesta encontró respaldo en la regidora Teresa Galindo Hernández, de Morena, quien defendió la necesidad de facilitar los procedimientos administrativos para mejorar la respuesta institucional, con la condición de conservar los mecanismos de fiscalización.
El alcalde Ricardo Perea también se manifestó a favor del cambio. Sostuvo que una gestión más ágil es compatible con la rendición de cuentas y afirmó que el manejo presupuestal continúa sujeto a los procesos de aprobación correspondientes, además de las responsabilidades derivadas de la firma de contratos.
La reforma no eliminaba todos los controles del Cabildo. El planteamiento mantenía el requisito de aprobación por dos terceras partes de sus integrantes para vender bienes inmuebles municipales y adquirir compromisos que rebasaran el periodo constitucional de la administración.
Pese a estos argumentos, la mayoría de los representantes municipales optó por rechazar la modificación.
KNM
