Fotografía: Erick Perales

 

Con la aprobación de Hidalgo, la reforma constitucional que fija límites a las jubilaciones y pensiones del sector público quedó a un paso de alcanzar la declaratoria de validez nacional. 

Durante la sesión ordinaria de este lunes, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura avalaron la minuta con 27 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, sumándose, así como el estado número 16 en respaldar la modificación al artículo 127 de la Constitución.

El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, requiere el aval de al menos 17 congresos locales para su promulgación, requisito que podría cumplirse en los próximos días. 

La propuesta busca establecer topes a las percepciones en el servicio público, incluyendo pensiones, con el objetivo de eliminar los llamados privilegios o “pensiones doradas”.

La legisladora Hilda Miranda Miranda, de Morena, explicó que la reforma establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir ingresos mayores a los de la persona titular del Ejecutivo federal, ni tampoco igualar o superar a su superior jerárquico, salvo en casos excepcionales debidamente justificados, como labores técnicas especializadas.

Además, se fija que las pensiones de personal de confianza en organismos como Bancomext, Banobras, Banrural, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera y Pemex no podrán exceder la mitad del salario presidencial. Con cifras actualizadas a 2026, el tope corresponde a 67 mil 145 pesos mensuales después de impuestos.

La diputada Karla Perales Arrieta, de Movimiento Ciudadano, respaldó la intención de frenar excesos, aunque advirtió que la medida no resuelve de fondo los desafíos del sistema de pensiones en México, al tratarse de un tema clave para el bienestar futuro de la población.

Quedan excluidas de la reforma las Fuerzas Armadas, las pensiones por aportaciones voluntarias, las derivadas de esquemas sindicales y la pensión no contributiva. 

Una vez publicada, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tendrán 90 días naturales para armonizar su marco jurídico conforme a lo establecido.

 

FMS