Fotografía: Erick Perales
Mientras en escuelas y plazas se organizan festejos por el Día del Niño, los números cuentan otra historia en Hidalgo.
En el arranque de 2026, los casos de corrupción de menores no solo aparecieron en la estadística, sino que avanzaron con rapidez.
En enero se registraron cinco, en febrero diez y para marzo ya eran 16, lo que implica un aumento de 220 % en apenas dos meses; el comportamiento local ocurre dentro de un panorama nacional que también mantiene cifras altas.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), al 31 de marzo de 2026 se acumulan 970 casos en el país, de los cuales 31 corresponden a Hidalgo; en 2025, la entidad cerró con 116 registros de un total nacional de 3 mil 571.
Se trata de un delito que impacta directamente en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
El Código Penal estatal sanciona a quien promueva o facilite estas conductas con penas de tres a siete años de prisión, además de multas e inhabilitación para ejercer tutela.
A esto se suma un contexto adverso, ya que datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México indican que 92.8 % de las víctimas de violencia sexual atendidas en hospitales son niñas o adolescentes, 66.6 % de menores desaparecidos son mujeres, y 73.4 % de las víctimas de trata infantil pertenecen a este mismo grupo; en Hidalgo, casi uno de cada tres habitantes es menor de edad.
Frente a este escenario, la diputada Karla Perales, presidenta de la Comisión de la Niñez, Juventud, el Deporte y la Familia en el Congreso local, lanzó un señalamiento directo al afirmar que hay “mucho discurso y poca acción, muchas iniciativas y pocas aprobadas”, al considerar que las respuestas institucionales no están a la altura del problema.
Desde su perspectiva, la prevención sigue siendo una tarea pendiente en territorio: “Falta más voluntad acompañada de presupuesto para trabajar en centros comunitarios, rehabilitar espacios”, señaló.
Al tiempo que advirtió que la falta de opciones deja vacíos que pueden ser ocupados por actividades ilícitas.
“Tienen que apostarle a la cultura, deporte porque si no los chicos toman los espacios deportivos abandonados sin luz para ser un refugio para actos ilícitos”.
También identificó riesgos cotidianos que pasan desapercibidos, como el uso sin supervisión de dispositivos móviles, la deserción escolar y el trabajo infantil: “Vas a un lugar a comer y lo más fácil es darle el celular para que se entretengan”, ejemplificó.
En materia de justicia, el problema no solo está en la denuncia, sino en lo que ocurre después: “De las quejas que más recibo es el atraso en las carpetas de investigación; imagínate, de 100 casos solo uno obtiene una sentencia condenatoria”, lamentó.
