Fotografía: Octavio Jaimes

 

El juicio oral por el presunto triple feminicidio ocurrido en la comunidad de San Isidro en Santiago Tulantepec, registró este lunes un nuevo ajuste en el desahogo de pruebas, luego de que el tribunal determinó excluir el testimonio de la madre de una de las víctimas ante su inasistencia reiterada a las audiencias.

Durante la sesión celebrada este 6 de julio, las partes informaron que Mónica Sepúlveda no ha respondido a los llamados realizados por el Ministerio Público ni por sus representantes legales.

Además, pese a que el tribunal autorizó que declarara de manera virtual debido a que reside en Tijuana, tampoco hizo uso de tal posibilidad.

Ante ese escenario, la representación de las víctimas solicitó un nuevo aplazamiento para intentar localizarla; sin embargo, la petición fue rechazada y, por decisión unánime, los jueces acordaron desistir de su comparecencia como testigo, por lo que su declaración dejará de formar parte de las pruebas que serán valoradas al momento de emitir sentencia.

La misma determinación se tomó respecto a una agente pericial que tampoco acudió a rendir su testimonio. Incluso, previamente se había autorizado el uso de la fuerza pública para lograr su presentación, sin obtener resultados.

A estos dos casos se suma el de una persona menor de edad, cuyo testimonio inicialmente fue considerado relevante para la investigación, pero del cual finalmente desistió el propio Ministerio Público.

En contraste, la defensa de los tres imputados anunció que mantendrá la presentación de 16 testigos para respaldar su teoría del caso. Los primeros cuatro deberán comparecer durante la siguiente audiencia, programada para el 15 de julio.

El proceso judicial continúa bajo la presión de los tiempos legales, ya que la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los tres acusados concluye el próximo 11 de agosto, por lo que el tribunal deberá avanzar en el desahogo de pruebas antes de esa fecha.

Los procesados enfrentan cargos por el presunto asesinato de tres mujeres que habitaban una vivienda en la localidad de San Isidro, en la zona limítrofe entre Santiago Tulantepec y Tulancingo.

Una de las víctimas estaba embarazada, motivo por el que también se busca fincar responsabilidad por el delito de aborto forzado. Los hechos ocurrieron el 30 de julio de 2024.

 

KNM