Fotografía: Especial 

El resguardo de Rancho Santa Elena, ubicado en Huasca de Ocampo, es la principal exigencia de quienes encabezan este proyecto de conservación, ante el conflicto que mantienen con representantes del ejido Santo Domingo Agua Zarca por el acceso al predio y el riesgo de posibles afectaciones a su zona forestal.

La petición también ha comenzado a recibir difusión en redes sociales, donde influencers como Beth Cast y Javier Ibarreche se han sumado al llamado para proteger este espacio natural.

A través de una serie de videos publicados en redes sociales, integrantes del proyecto expusieron las acciones que, aseguran, se han realizado en la zona y que ponen en riesgo la continuidad de las actividades ecoturísticas y de protección ambiental que desarrollan desde hace más de 40 años.

De acuerdo con Andrea Camposano, desde el pasado 31 de agosto de 2026 fue colocada una reja que impide el acceso a Santa Elena. Posteriormente, se abrió una zanja a aproximadamente 400 metros de la entrada y, durante los últimos días, se realizó otra excavación justo después del acceso, además de que colocaron púas y piedras.

En uno de los videos, Camposano manifestó su inconformidad con la manera en que se está desarrollando el conflicto y pidió la intervención de las autoridades para encontrar una solución por la vía institucional.

«Creo profundamente que esta no es la manera de resolver un conflicto(…) México tiene leyes e instituciones, y quiero pensar que existen mecanismos para hacerlas valer. No pedimos privilegios, pedimos que se respete la ley y el trabajo de más de 40 años dedicado a conservar este bosque», expresó.

De acuerdo con lo expuesto por los responsables del rancho, la controversia está relacionada con una propuesta para abrir un camino que atravesaría la zona turística y distintas áreas destinadas a la conservación, con el propósito de llegar a un predio ubicado en otro punto de la montaña.

Señalaron que el proyecto contempla el tránsito de vehículos, incluso de carga, por una zona que describen como topográficamente accidentada, pese a que, aseguran, existe una vía de acceso desde Huasca de Ocampo.

Ante esta posibilidad, advirtieron que la apertura del camino implicaría intervenir una superficie forestal, con consecuencias para los árboles, la flora y la fauna que habitan en el lugar. También señalaron que el tránsito de personas y vehículos podría modificar las condiciones ambientales de un espacio que cuenta con reconocimiento como área de conservación.

Un área de conservación que beneficia a comunidades

Uno de los principales argumentos para solicitar el resguardo de Rancho Santa Elena, es su importancia ambiental para la región, pues no se trata únicamente de un espacio destinado al ecoturismo, sino de un ecosistema que proporciona servicios ambientales a distintas localidades.

Se informó que en el 2021, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) reconoció el sitio como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), figura mediante la cual se reconoce la voluntad de conservar los recursos naturales de un predio.

De acuerdo con la información difundida por los responsables del rancho, se trata de la superficie privada más grande de Hidalgo bajo esta modalidad y la única de su tipo en la entidad.

Entre los servicios ambientales que proporciona el bosque se encuentra el abastecimiento de agua potable para 13 comunidades y agua para riego para otras 10 localidades. Asimismo, contribuye a la captura de carbono, la protección del suelo, la regulación y recarga de agua, además de mantener las condiciones necesarias para la conservación de la biodiversidad.

El área también alberga especies endémicas de México y ejemplares incluidos en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que consideran que cualquier intervención debe analizarse tomando en cuenta sus posibles consecuencias ambientales.

Los responsables del proyecto también destacaron que mantienen colaboración con instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y la Universidad Autónoma Chapingo, con las que han participado en investigaciones relacionadas con el conocimiento y la conservación de los ecosistemas.

A ello se suman 12 años de certificación en ecoturismo sustentable, un modelo que permite generar recursos para financiar actividades de conservación y educación ambiental.

Además, señalaron que el proyecto está vinculado con iniciativas relacionadas con el mercado de bonos de carbono, como parte de sus esfuerzos para mantener económicamente las acciones de protección del bosque.

Ante la situación, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitió un posicionamiento en el que precisó que el conflicto entre Rancho Santa Elena y los ejidos vecinos es de carácter agrario, por lo que su atención y resolución corresponde a las autoridades competentes en esa materia.

La dependencia aclaró que el certificado de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación reconoce la voluntad de preservar los recursos naturales del predio, pero no genera ni acredita derechos de propiedad, tampoco representa un pronunciamiento sobre su situación jurídica o agraria.

Como antecedente, la CONANP informó que el 13 de mayo de 2015, las partes involucradas suscribieron un convenio relacionado con el paso hacia el ejido Santo Domingo Agua Zarca, mediante un camino de servidumbre ubicado dentro de Rancho Santa Elena.

Sin embargo, puntualizó que la dependencia no participó en la firma de ese instrumento, por lo que no le corresponde pronunciarse sobre su interpretación, cumplimiento o efectos jurídicos.

En el mismo posicionamiento, la Comisión dio a conocer que el ejido Santo Domingo Agua Zarca ha manifestado su disposición para destinar el predio denominado El Arco al establecimiento de un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación de carácter comunitario, lo que, consideró, representa una oportunidad para impulsar la protección de los recursos naturales mediante la participación de las comunidades.

Respecto al conflicto, la CONANP anunció que realizará gestiones de acercamiento ante la Secretaría de Gobernación (Segob), con la finalidad de propiciar la interlocución entre las partes y favorecer el diálogo para encontrar una solución pacífica.

La institución precisó que estas acciones tendrán únicamente un carácter de vinculación institucional y se realizarán con respeto a las atribuciones de las autoridades competentes, sin intervenir en el fondo de la controversia ni anticipar una postura sobre los derechos de las partes involucradas.

Cancelan reservaciones y solicitan apoyo para mantener el bosque

La situación también ha comenzado a repercutir en las actividades económicas de Rancho Santa Elena. A través de sus publicaciones, los responsables informaron que han tenido que cancelar reservaciones y pausar temporalmente sus actividades ecoturísticas, que representan una de las principales fuentes de ingresos para sostener el proyecto.

Explicaron que los recursos obtenidos mediante el turismo permiten cubrir gastos básicos de mantenimiento, vigilancia y conservación del bosque, por lo que la interrupción de los servicios representa una dificultad para mantener las labores que realizan en el lugar.

Ante este panorama, solicitaron el apoyo de personas interesadas en la protección ambiental mediante donaciones que les permitan continuar cubriendo los gastos mientras se resuelve el conflicto.
En otro de los videos difundidos también abordaron la preocupación por las intenciones que, aseguran, han manifestado representantes del ejido respecto al aprovechamiento forestal mediante la tala de árboles.

Advirtieron que, de concretarse una intervención de este tipo, sería necesario evaluar las consecuencias para el ecosistema, la diversidad de especies y las comunidades que dependen de los recursos naturales de la región, particularmente del agua.

Insistieron en que su postura no está dirigida contra los habitantes de las comunidades ni contra los ejidatarios, sino que busca proteger un espacio natural que proporciona beneficios ambientales que trascienden los límites del propio rancho.

Como parte de las acciones para visibilizar el conflicto, los responsables de Rancho Santa Elena impulsaron una petición a través de la plataforma Change.org, mediante la cual buscan reunir firmas y solicitar la intervención de las autoridades.

Entre sus principales demandas urgen encontrar una solución al conflicto y restablecer el acceso al rancho, garantizar la protección de las áreas destinadas a la conservación y al ecoturismo, así como permitir la continuidad del proyecto ambiental que, sostienen, beneficia tanto a la biodiversidad como a las comunidades de la región.

También hicieron un llamado a que se revisen las condiciones en las que se pretende habilitar el camino y las posibles consecuencias que tendría para las zonas forestales.

«Proteger Santa Elena es proteger el agua, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que todos necesitamos», es uno de los mensajes con los que acompañan su solicitud de apoyo ciudadano.

Finalmente, pidieron compartir y firmar la petición para que las autoridades correspondientes atiendan la situación, revisen las condiciones del acceso y propongan una solución que permita proteger el bosque y dar continuidad a las actividades de conservación.

 

Con información de Karen Aicitel