Fotografía: Edén Torres

Por el delito de usurpación de identidad y lo que resulte, la diputada María Luisa Pérez Perusquía denunció a un hombre identificado como “Raúl L.C” y/o a quien o quienes resulten responsables.

Lo anterior debido a que, a través de grupos de redes sociales, timó a cerca de 20 personas ofreciendo plazas laborales en la Secretaría de Educación Pública en nombre de la diputada.

La mecánica que opera el sujeto consiste en contactar personas que deseen ingresar a laborar a esa dependencia para, mediante engaños, solicitarles 20 mil pesos para “los trámites” que      presuntamente gestionaría a través de Pérez Perusquía, ostentándose como su secretario particular “de mayor confianza”.

El fraude quedó al descubierto cuando algunas personas acudieron al Congreso del Estado y en audiencia fueron atendidas por la diputada, quien desmintió y se deslindó categóricamente de cualquier acción hecha por ese individuo.

Pérez Perusquía denunció ante la PGJEH que “el día 22 de enero a las 20:00 horas en las instalaciones del Congreso del Estado en el cuarto piso de la Torre legislativa; acudieron a mi oficina cinco personas que se identificaron debidamente, con  la intención de tener un acercamiento conmigo porque una persona que se ostenta como mi colaborador de nombre Raúl L.C, ofrece  la venta de plazas en la SEPH por un pago de 20 mil pesos por cada una, pues les ha hecho creer, a estas personas y otras más, que esas plazas me las otorga las SEPH para colocarlas por “debajo del agua”.

Fue en el mes de diciembre del 2019 que el hoy imputado creó grupos de la red social WhatsApp en los que “incluyó” a la también presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, al agregar un número telefónico al que puso el nombre e imagen de la legisladora y con el que interactuaba con las personas afectadas.

La presidenta de la Junta de Gobierno recordó que la venta de plazas laborales es ilegal y que nada tiene que ver en las “gestiones” hechas por este sujeto con las que ya afectó a muchas personas abusando de su necesidad y en muchos casos desconocimiento de los procedimientos y leyes vigentes en el tema.

Finalmente dijo que la razón de esta denuncia es para evitar que este individuo, a quien no conoce ni ha visto en persona, continúe engañando y aprovechándose de la gente que confía en sus peroratas y para alertar a las autoridades.

El procedimiento penal por usurpación y fraude seguirá sus cauces legales para determinar la responsabilidad penal en las que haya incurrido el señalado, asentado ante el Ministerio Público.

 

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