Fotografía: Nelly Téllez
Con la finalidad de generar certeza y garantizar la legalidad del procedimiento de elección de los representantes indígenas del municipio de Tulancingo de Bravo, así como del delegado municipal de Huejutla de Reyes, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) deberá de ayudar a estos ayuntamientos.
Así lo determinaron por unanimidad los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) luego de resolver dos juicios ciudadanos promovidos por ciudadanos que denunciaron diversas omisiones en contra de estos ayuntamientos para garantizar la representatividad en sus dos vertientes.
En el caso de Huejutla se advirtió que el ayuntamiento generó dos actas de nombramiento diferentes para ocupar el cargo de delegado de la localidad de Santa Catarina, por lo que al no garantizarse la legalidad ni la certeza del proceso este se tendrá que reponer y en menos de 30 días tendrá que realizarse tanto la emisión y difusión de la convocatoria, así como la realización del proceso.
Mientras que para el caso del ayuntamiento de Tulancingo este posee una laguna normativa y no ha emitido las bases generales necesarias para garantizar la participación de los pueblos indígenas, por lo que en menos de 45 días tendrá que hacer lo conducente para que en las colonias Guadalupe y Tepalcingo para que elijan a su representante ante el ayuntamiento.
En ambos casos se tendrá que hacer las traducciones a las lenguas originarias correspondientes y difundiendo la convocatoria a través de los medios necesarios digitales y tradicionales para garantizar la efectiva participación.
De igual manera se impuso una multa económica de 17 mil 376 pesos en contra del edil y la síndica procuradora del ayuntamiento de Epazoyucan por incumplir con las determinaciones del TEEH para entregar información y obstaculizar el ejercicio del cargo al no entregar la información solicitada a la regidora, Laura Ortiz Arciga.
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