Fotografía: Edén Torres
La Secretaría de Contraloría de Hidalgo ya tiene un avance considerable en cuanto al andamiaje jurídico de la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el estado de Hidalgo, el cual se someterá a escrutinio de otras instancias para enriquecerla y enviar la iniciativa al Congreso local.
El contralor estatal, César Román Mora Velázquez, refirió que a principios de este año dio inicio la primera fase que consistió en la realización de mesas de trabajo para definir el cuerpo normativo, de modo que el resultado de estas reuniones permitió construir 35 artículos englobados en 8 capítulos.
Los puntos que se contemplan son: la orientación legal para los hechos relacionados con la denuncia, reserva de los datos personales, protección policial, cambio de dependencia o área administrativa, utilización de procedimientos, mecanismos o tecnologías que eviten la participación física del sujeto de protección en las diligencias, atención psicológica, entre otras.
Con esta ley se pretende proteger tanto a la o el funcionario público como a cualquier persona que de buena fe denuncie dichos actos de corrupción o testifique sobre los mismos, sin que estos sean sujetos de responsabilidades penales o administrativas o de represalias.
El contralor advirtió que con estas acciones no solo se regula el procedimiento a seguir cuando se presenten este tipo de situaciones, sino que además se abona a fortalecer la cultura de la denuncia y también se robustece a las instituciones en el combate a la corrupción para que tengan las herramientas jurídicas para actuar.
SJA
