Fotografía: Especial
Con el objeto de que en el estado de Hidalgo no se realicen terapias o tratamientos para modificar la orientación sexual o la identidad de género, se propone imponer una sanción de 2 a 5 años de prisión y una multa de 200 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien promueva o realice esta acción denigrante.
La diputada local, Noemí Zitle Rivas, refirió que este tipo de «técnicas psicológicas» lo único que hacen es anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, así como contribuir a lastimar su autoestima, lo que desencadena una serie de consecuencias graves en el individuo.
Por ello se propone modificar tanto el Código Penal local como la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo con el propósito de prohibir este tipo de «atenciones médicas» y que en caso de que estas se cometan, aplicarse las sanciones correspondientes.
De modo que la punibilidad antes mencionada se aumentará en una mitad y se perseguirá de oficio cuando las conductas se realicen en contra de personas menores de 18 años, en adultos mayores o personas que no cuenten con la capacidad de comprender el hecho o resistir la conducta.
Mientras que quien esté en el ejercicio de la actividad profesional relacionada a la salud realice este tipo de prácticas, también se le impondrán las sanciones ya descritas y además, se le suspenderá en la actividad profesional por hasta el máximo de la punibilidad privativa de libertad.
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