Fotografía: Especial

 

Entre gritos, inconformidades, intercambio de señalamientos, denuncias de violación del proceso legislativo, desorden y advertencias de interposiciones de demandas, se aprobó este miércoles en el Congreso local, con 16 diputados a favor, una abstención y el resto sin voto, la iniciativa que despenaliza el aborto dentro de las primeras 12 semanas.

La mañana de este miércoles los grupos legislativos del PAN, PRI y PESH señalaron que la iniciativa no siguió las formalidades ni el procedimiento legal desde el inicio, que se carecía de un profundo análisis y discusión, y por lo tanto no debía aprobarse.

En el uso de la tribuna los diputados inconformes señalaron que debido a que se violentó el procedimiento legal se acudirá a los tribunales para interponer una demanda en contra de los diputados locales bajo el argumento que hubo un incumplimiento de un deber legal al no apegarse a ni a la ley ni al reglamento interno.

Por su parte, integrantes de la fracción legislativa de Morena advirtieron que en ningún momento se violentó el proceso y que era necesario saldar una deuda histórica con las mujeres para darles libertad de decidir si quieren o no tener hijos.

Hay que referir la iniciativa aprobada redefine el concepto de aborto, por lo que este será castigado penalmente en el estado de Hidalgo si la interrupción del embarazo se hace después de las 12 semanas de gestión y no se apega a las cuatro causales vigentes de exclusión de responsabilidad penal, se impondrá entonces una pena de seis meses a un año de prisión y de diez a 40 días multa.

La iniciativa contempla de igual manera el aborto forzado, que será entendido cuando se obligue a una mujer a interrumpir el embarazo y se aplicará una pena de tres a siete años de prisión, y de 40 a 150 días de multa y el personal médico que participe se le suspenderá del ejercicio profesional.

Estos servicios de salud también se deberán garantizar por la Secretaría de Salud de Hidalgo de forma gratuita y en condiciones de calidad y salubridad, pero también se deberán garantizar los servicios para las personas que estén en los centros de reinserción social.