Políticas y ataques a las mujeres del mundo
“Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convencion de Belem do Para».
En el mundo, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para sensibilizar y concienciar a la población para realizar acciones individuales y gubernamentales para el combate del cáncer mamario (que no es privativo del sexo femenino) en la detección de cualquier signo o anomalía que ponga en alerta sobre este mal que representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial.
Lo anterior ha sido señalado en las estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el sentido que esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos.
Esto obliga a los gobiernos a responder responsablemente a su población con los apoyos necesarios para enfrentar la problemática y las consecuencias que la misma acarrea.
Mientras que estas acciones se presentan en muchas partes del mundo, en Afganistán sucede un fenómeno contrario a lo que puede considerarse los avances de políticas concretas, reales y efectivas en derechos y libertades.
En aquella latitud las mujeres están siendo perseguidas por haber realizado sus actividades con responsabilidad y decisión.
La Asociación Internacional de Juezas con valentía ha denunciado que más de 200 juzgadoras permanecen en Afganistán, muchas de ellas amenazadas y escondidas; se dice que funcionarios talibanes han recuperado su información personal de los registros judiciales y han congelado cuentas bancarias.
Lo anterior representa no solo un atentado hacia las mujeres juzgadoras del mundo sino a la función misma que desarrollan, con lo que se prueba la fragilidad institucional, cuando en el mapa político aparecen dictaduras capaces de aniquilar los derechos por muchos años logrados, casi siempre a contracorriente.
Susan Glazebrook, presidenta de la asociación de jueces y magistrada de la Corte Suprema de Nueva Zelanda, alzando la voz, denunció: “Las mujeres jueces de Afganistán están amenazadas por aplicar la ley”; enfatizó que se encuentran amenazadas “…porque han dictado sentencias a favor de las mujeres de acuerdo con la ley en casos de violencia familiar, custodia y divorcio”. Con ironía dijo: “Son mujeres que tuvieron el descaro de juzgar a los hombres”.
Para darse una idea del panorama que se enfrenta en aquella parte del mundo, casi el 90 por ciento de las mujeres experimentaron alguna forma de abuso doméstico en su vida, según un estudio de 2008 del Instituto de la Paz de los Estados Unidos.
Las mujeres afganas desafiaron un sistema legal que favorecía a los varones, concediendo divorcios a las esposas que en muchos casos habrían estado condenadas a relaciones abusivas y violentas, defendieron a mujeres maltratadas o iniciaron casos contra hombres acusados de golpear, secuestrar o violar a mujeres y niñas.
Es increíble que en pleno siglo XXI se esté hablando de una recrudecida violencia contra la mujer y la destrucción de la propia vida institucional, relacionados ambos temas, a los compromisos con la comunidad internacional.
Resulta evidente que las naciones del orbe se deben de pronunciar en este tema y no ser cómplices de atrocidades que irán desdibujando logros y encausarán por caminos cada vez más crueles y violentos, por gobiernos que desdeñan la democracia y el estado de derecho.
Visionare. Los reclamos internacionales deben ser hechos por cuestiones reales o especulaciones o posicionamientos políticos, que solo buscan adeptos deslumbrados.
