Fotografía: Especial
La Secretaría de Contraloría de Hidalgo le recuerda a las y los servidores públicos que restan ocho días para presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses de modificación, o de lo contrario podrían ser susceptibles de recibir una sanción.
De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas esta obligación debe presentarse del 1 al 31 de mayo de cada año con el objeto de que el gobierno conozca la evolución del patrimonio y los intereses del personal del servicio público a fin de detectar irregularidades por mal uso de recursos.
Ya que la idea es inhibir prácticas corruptas, así como de enriquecimiento inexplicable o ilícito, esto como parte de las estrategias que se implementan para combatir la corrupción al interior del área gubernamental.
No obstante, de acuerdo a esta misma ley, en caso de que se presenten omisiones sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por el cumplimiento de esta obligación.
Pero si la omisión persiste pese a que se le pidió hacerlo de forma extemporánea, entonces es posible aplicar el artículo 75 de la multicitada ley, mismo que trata sobre las sanciones administrativas que pueden ser: una amonestación pública o privada, la suspensión que puede ir de 1 a 30 días, la destitución e incluso, hasta la inhabilitación temporal del empleo, cargo o comisión, inhabilitación que puede ser de 3 a 12 meses.
