Fotografía: Especial
Han pasado más de dos meses desde que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) recomendó investigar a diversos servidores públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) involucrados en el caso de la planta tratadora de Atitalaquia, pero hasta este momento no se ha informado del cumplimiento.
Ante esto, la CDHEH informó que tras la emisión de la recomendación con número de expediente CDHEH-VdRO-0032-22, el titular del Poder Ejecutivo local ya aceptó esta recomendación, sin embargo no hay ninguna manifestación de la Contraloría Interna respecto al procedimiento administrativo que se planteó en este mismo documento.
En el punto número uno de esta recomendación se establece que el gobernador hidalguense debió instruir a la Secretaría de la Contraloría el inicio del procedimiento administrativo en contra de Said Javier Estrella García, entonces titular de la Semarnath, así como del resto del personal que estuvo involucrado en el asunto.
En este sentido, el análisis de las pruebas que recabó la CDHEH tras el lamentable suceso ocurrido el pasado 20 de junio en el municipio de Atitalaquia, donde el activista J. B. A., murió a manos de un grupo de personas armadas, y dos personas más resultaron lesionadas, se concluye que esta tragedia pudo prevenirse.
Pues la CDHEH corroboró que el proyecto del Centro Regional de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial ubicado en el municipio de Atitalaquia, mismo que fue clausurado definitivamente el pasado 22 de julio, nunca debió entrar en operación.
Lo anterior debido a que desde el pasado 6 de febrero de 2020, la misma Semarnath emitió un dictamen en el que se explica que las condiciones tanto geológicas como de ubicación del predio situado en Mina Bojay, localidad El Cardonal municipio de Atitalaquia, no eran adecuadas para dar el visto bueno el pasado 30 de noviembre de 2021.
Pero aun así fue inaugurado el pasado 12 de enero para recolectar la basura de nueve municipios (Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tula de Allende, Chapantongo, Mixquiahuala de Juárez, Ajacuba, Atotonilco de Tula, Tepetitlán y Atitalaquia), así como de la Refinería “Miguel Hidalgo”.
Esto generó la inconformidad de los pobladores, pues la empresa depositaba toda la basura sin una previa clasificación de desechos y estaba funcionando como un “tiradero a cielo abierto”. Esto motivó que se hicieran solicitudes de acceso a la información al gobierno estatal para conocer los documentos que respaldaban este proyecto.
Sin embargo, no se respondió, por lo que se recurrió al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAIH), quien ordenó la pronta respuesta, en esta ocasión se respondió que la información estaba clasificada como reservada, que sea dicho de paso, también esta información le fue negada al ayuntamiento.
Pese a que la CDHEH solicitó en reiteradas ocasiones el dictamen, el entonces titular de la Semarnath se negó en igual número de veces, con lo que se ponía en duda el legal actuar de la secretaría, pues incluso se justificó la negativa de entrega al argumentar que había un procedimiento en el Órgano Interno de Control (OIC) de esa dependencia y la investigación peligraba.
No obstante, los argumentos legales que se indicaron no procedían, pero sobre todo, el exsecretario estaba en la obligación de entregar la información que este organismo le solicitó, al incumplir, cometió desacato de acuerdo al artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por otro lado, la CDHEH estableció que el personal de la Semarnath, al no entregar la información porque a su decir se preponderaron intereses, el organismo encargado de velar por los derechos humanos puntualizó que un procedimiento administrativo nunca debe estar por encima del derecho al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el derecho a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
