Fotografía: Especial
Tras una revisión exhaustiva que llevó a cabo la Secretaría de Contraloría, respecto a la normativa de los proveedores y contratistas del Gobierno de Hidalgo, se detectó que el 8 por ciento (%) de ellos compraban productos en plataformas digitales, que luego le revendían al estado hasta 300 por ciento más caros.
El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, señaló que la dependencia a su cargo detectó que un porcentaje importante tenía más de una actividad en el padrón, y en el que se sabe que al menos 40 empresas llegan a presentar hasta 86 actividades comerciales distintas, destapando así una red de corruptelas.
Gracias al trabajo conjunto con los organismos empresariales se impulsó la adecuación de 5 leyes y 15 instrumentos normativos, que permitan entre otras funciones, las contrataciones públicas con proveedores, contratista y prestadores de servicios íntegros, con códigos de ética, y así evitar el desvió de recursos y prevenir con ello una nueva ‘Estafa Siniestra’.
No obstante, el funcionario subrayó que los que sí habrán de entregar cuentas en el ámbito legal, serán aquellos servidores públicos que no fueron capaces de señalar a las ‘empresas fachada’ a pesar de que se dieron cuenta que no tenían domicilios, empleados o incluso mercancía, pero que de cualquier forma ‘le vendían al gobierno’.
