Fotografía: Especial
Para evitar que las empresas realicen acciones fraudulentas en detrimento del erario público, el diputado local, Miguel Ángel Martínez Gómez, propone establecer sanciones más severas cuando estas implementen acciones de reventa a sobreprecios, que carezcan de mercancías en los giros comerciales registrados, no tengan domicilio o empleados.
El diputado perredista refirió que tras lo ocurrido en días pasados en los que se expuso que al menos el 8% de quienes le venden al gobierno estatal compraban en plataformas digitales para revender los productos hasta en un 300% más caro, que al menos 40 empresas registraron hasta 86 actividades comerciales distintas y que no tenían domicilios ni empleados.
Es necesario regular estas conductas para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro y se esté beneficiando a un solo grupo de empresarios, de ahí la importancia de establecer limitantes para lograr que la compra, renta, contratación o adjudicación de bienes y servicios que realiza el estado se haga en apego a la ley, pero sobre todo, que se acceda a precios justos.
De este modo, propone modificar la la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo para que la Contraloría estatal pueda cancelar el registro del proveedor en el Padrón de Proveedores cuando no tenga mercancías y las adquiera mediante terceros, si tiene más de un giro comercial sin tener las mercancías, así como que si no cuenta con un domicilio o empleados, o no pueda comprobar el servicio que ofrece con documentos.
