Fotografía: Especial

 

Con motivo del trabajo de fiscalización a la Cuenta Pública 2022 que realizó la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) auditó de forma extraordinaria a los municipios de Epazoyucan, Huautla, Nopala de Villagrán y Pisaflores, quienes deben aclarar 143 millones 753 mil 699.19 pesos.

El órgano fiscalizador señaló que el año pasado recibieron unas denuncias en las que se señalaba un mal manejo de los recursos extraordinarios y transferidos a estos cuatro municipios durante el ejercicio fiscal de 2022 y por ello se hizo una auditoría extraordinaria y antes de tiempo.

En el caso de Pisaflores debe solventar 30,961,250 pesos; Nopala de Villagrán debe aclarar el destino de 71,960,890 pesos; en el caso de Huautla un total de 26 millones 615 mil 779.19 pesos; mientras que el municipio de Epazoyucan tiene que justificar 14 millones 215 mil 780 pesos.

Entre las irregularidades detectadas van desde que los municipios realizaron adjudicaciones directas sin apegarse a la normativa, se celebraron contratos con empresas sin contar con las actas de autorización del cabildo para ello, también se hicieron pagos de servicios e insumos sin que la compra se concretara.

Tan solo en el caso de Nopala de Villagrán, que es el que tiene el mayor monto observado, se advierte que contrató un servicio de limpieza y manejo de desechos, por el cual pagó 49 millones 350 mil 000 pesos, pero el servicio contratado no fue realizado. Incluso, realizó el arrendamiento de maquinaria y equipo por 22 millones 610 mil 890 pesos, pero tampoco se concretó la operación.

En el caso de Pisaflores, que es el segundo municipio con el mayor monto observado, se advierte que se hicieron pagos por un total de 12,998,960 pesos para la compra de medicinas y productos farmacéuticos, así como de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, pero no hay documentación que pruebe la compra.

En este mismo municipio también se gastaron 17 millones 960 mil 890 pesos para arrendar maquinaria y no hay pruebas. Incluso en el rubro de “Ayudas sociales a personas», no hay documentación que acredite la correcta aplicación de 51 mil 400 pesos.

Para el caso de los municipios de Huautla y Epazoyucan, se comprobó que en ambos casos, los alcaldes realizaron contratos con empresas, pero al revisar las actas de asamblea se detectó que en ninguna se autorizó al edil para efectuar esta acción. Pese a que la ley advierte que se debe notificar previamente para concretar la acción.