Fotografía: Especial
El jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo y la diputada local Lisset Marcelino Tovar, presentaron ante el Congreso del Estado, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal estatal y tipificar como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El documento fue presentado en una conferencia de prensa y posteriormente ingresado al Congreso del Estado de Hidalgo, en él se plantea el tipo penal como autónomo, por lo que no se requiere acreditar previamente el ilícito de origen con el cual se obtuvieron los recursos, derechos o bienes, sino que basta con tener indicios fundados que proceden directa o indirectamente de la conducta de origen.
El documento incorpora a su modificación dos agravantes: Si esta conducta es cometida por servidores públicos, las sanciones van desde la inhabilitación para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro del sector público y cuando se utilice a personas menores de 18 años de edad, quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo.
Estas acciones fortalecerán el combate a la corrupción, ya que gracias a la intervención oportuna de las autoridades competentes, se pueden aplicar estrategias para identificar el ilicitico, así como aplicar eficazmente las medidas preventivas y punibles que correspondan.
Las sanciones establecidas para este delito, van de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa, dichas penas aumentarán en una mitad cuando la conducta sea cometida por personas servidoras públicas.
ECRL
