Fotografía: Octavio Jaimes 

La desaparición de restos humanos denunciada por una familia en el Panteón Municipal San Miguel abrió un nuevo cuestionamiento sobre el control y la situación administrativa de los espacios del cementerio, donde el Gobierno de Tulancingo reconoce que cerca de 70 por ciento presenta algún pendiente susceptible de regularización.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la administración municipal, el camposanto dispone de 7 mil 925 espacios entre guarda-restos, nichos y tumbas. De ese universo, 65 corresponden a guarda-restos de la nueva sección; 696, a la sección anterior; 462, a nichos del primer y segundo columbario, y 6 mil 702, a tumbas.

Con base en el porcentaje señalado por el municipio, alrededor de 5 mil 548 espacios presentarían alguna situación administrativa susceptible de regularización. Entre los casos contemplados se encuentran datos sin actualizar, documentación incompleta y refrendos pendientes.

El gobierno municipal también informó que actualmente existen ocho cámaras de videovigilancia en el panteón y anunció que se fortalecerán las medidas de vigilancia, además de establecer un mayor control sobre los horarios de acceso.

La situación cobró relevancia después de que el pasado 2 de agosto una persona reportara la ausencia de restos áridos de familiares depositados en un guarda-restos. Ante este señalamiento, la Dirección de Panteones Municipales presentó una denuncia ante la autoridad ministerial para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

La administración local sostuvo que ha cumplido con las obligaciones administrativas que le corresponden y rechazó asumir responsabilidad por posibles irregularidades u omisiones de gobiernos anteriores.

“La presente administración ha dado cumplimiento puntual a los procedimientos administrativos que legalmente le corresponden, sin que ello implique asumir responsabilidad por posibles irregularidades u omisiones originadas en administraciones anteriores”, señaló el Gobierno de Tulancingo.

El municipio manifestó además su solidaridad con la familia y aseguró que colaborará con las autoridades encargadas de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Paralelamente, la Dirección de Panteones anunció acciones para regularizar los derechos de uso de los espacios y recordó que el mantenimiento de capillas, nichos, guarda-restos y fosas corresponde a sus titulares, así como el pago anual establecido en la Ley de Ingresos vigente.

Familia exige esclarecer retiro de restos

La familia afectada sostiene que el caso no corresponde únicamente a un problema administrativo. En su denuncia afirma que los restos de su hermano y su abuela fueron retirados del guarda-restos sin que existiera autorización escrita, orden judicial o autorización sanitaria.

La parte afectada califica lo ocurrido como una “exhumación ilegal, apropiación indebida y desaparición de restos humanos” y sostiene que el espacio fue vaciado y limpiado sin que se les notificara previamente.

“El espacio fue completamente vaciado y limpiado, sin que se nos haya notificado previamente en forma alguna”, señala la familia.

Según su relato, el 2 de agosto de 2026, aproximadamente a las 13:30 horas, acudieron al lugar y descubrieron que los restos ya no estaban. Hasta ahora, aseguran desconocer la fecha exacta en que fueron retirados.

La familia refiere además que durante los días 2 y 3 de agosto intentó formalizar su reclamo y presentar la denuncia, pero, según su versión, encontró evasivas y negativas para recibir sus escritos.

El sitio señalado se encuentra en la sección nueva, en la parte posterior del cementerio y junto a uno de los accesos laterales. La familia identifica el espacio como guarda-restos nuevo 1, letra C, y asegura contar con un título expedido por el Ayuntamiento de Tulancingo a nombre de su hermano menor, con la persona afectada como beneficiaria.

Entre sus demandas está conocer el paradero exacto de los restos, identificar a quienes los retiraron y lograr su restitución al espacio original.

También solicita que las diligencias de identificación sean cubiertas por quien resulte responsable y que cualquier análisis de laboratorio sea supervisado para garantizar que los restos correspondan a sus familiares.

“No queremos que nos entreguen algo que no es”, expresa la parte afectada, que además plantea la intervención de una tercera instancia en caso de existir discrepancias durante el proceso de identificación.

La familia demanda que la investigación se realice con rapidez y que, si se acreditan responsabilidades, se aplique la sanción correspondiente.

Mientras el gobierno municipal atribuye a la autoridad ministerial la responsabilidad de determinar qué ocurrió y quiénes pudieran estar involucrados, el caso permanece bajo investigación, en un contexto marcado por el reconocimiento oficial de que aproximadamente siete de cada diez espacios del Panteón San Miguel presentan algún pendiente administrativo.

El esclarecimiento deberá determinar si la desaparición de los restos se relaciona con alguna irregularidad administrativa, si existieron omisiones en los procedimientos de control o si se configura alguna responsabilidad de carácter penal.