Fotografía: Especial

 

Gerardo Sosa Castelán deberá enfrentar el proceso penal relacionado con una acusación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que un Tribunal Colegiado confirmó la negativa del último amparo promovido por su defensa.

Con esta determinación quedó firme la resolución que previamente había dejado sin efecto el sobreseimiento que favorecía al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

De esta manera, la causa penal 263/2020 podrá continuar ante el Tribunal de Enjuiciamiento, sin que actualmente exista otro recurso pendiente que impida su desarrollo.

El asunto fue analizado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal del Segundo Circuito, dentro del expediente 17/2026. Magistrados determinaron que el juez Gregorio Salazar Hernández carecía de competencia para decretar el sobreseimiento, debido a que el procedimiento ya había avanzado a una etapa posterior.

La causa había sido enviada previamente a juicio mediante el correspondiente auto de apertura; sin embargo, posteriormente el juez de control volvió a intervenir para emitir el sobreseimiento a favor de Sosa Castelán.

Para el Tribunal Colegiado, esa actuación no podía revertir el avance procesal ni regresar el procedimiento a una fase que ya había sido superada.

La resolución, adoptada por unanimidad, confirmó además la negativa del amparo solicitado por la defensa, por lo que la determinación que anuló el sobreseimiento adquirió carácter firme.

En consecuencia, será el Tribunal de Enjuiciamiento el encargado de continuar con las actuaciones correspondientes dentro de la causa penal.

El procedimiento tiene como origen una investigación de la Fiscalía relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por un monto de 58 millones 245 mil 948.04 pesos.

De acuerdo con los antecedentes incorporados al auto de apertura a juicio, entre 2011 y 2018 la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca, S.C. habría recibido dicha cantidad. Posteriormente, de esos recursos habrían salido 48 millones 569 mil 840.59 pesos.

Dentro de las operaciones señaladas por la Fiscalía se encuentran movimientos por más de 23.5 millones de pesos mediante 70 cheques que habrían sido depositados en una cuenta bancaria a nombre de Gerardo Sosa Castelán.

Estos hechos forman parte de la acusación ministerial y deberán ser sometidos a debate y prueba durante el proceso penal.

En paralelo, medios oficiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo difundieron información referente a un procedimiento diferente contra Sosa Castelán, relacionado con una acusación por presunta defraudación fiscal.

De acuerdo con esa versión, el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Noveno Circuito confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido previamente a favor del exrector y ordenó el archivo del expediente penal acusatorio.

La resolución, fechada el 30 de septiembre de 2026, habría ratificado la determinación de un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Pachuca.

Se trataría, por tanto, de dos procedimientos distintos, con resoluciones diferentes y efectos jurídicos separados para Sosa Castelán.