Fotografía: Erick Perales

 

Las 50 boletas de infracción aplicadas a conductores que ofrecen transporte mediante aplicaciones digitales o redes sociales en la entidad representan un monto conjunto de 4 millones 398 mil 750 pesos, al considerar la sanción máxima de 750 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada caso, dichas multas corresponden a servicios que operan sin concesión ni autorización estatal, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Cada infracción de 750 UMA equivale a 87 mil 982.50 pesos, con el valor diario de la unidad para 2026, fijado en 117.31 pesos. En tanto, la sanción mínima de 500 UMA representa 58 mil 655 pesos.

Durante su comparecencia ante el Congreso local, la secretaria de Movilidad y Transporte, Lyzbeth Robles Gutiérrez, informó que las medidas forman parte de los operativos contra el transporte irregular.

Por su parte, José Antonio Pérez Sánchez, encargado del Sistema de Transporte Convencional, identificó entre las aplicaciones involucradas a InDrive, Pronto, Cabify y BlaBlaCar.

También se consideran los servicios que se anuncian mediante redes sociales sin contar con los permisos correspondientes.

Pachuca concentra 26 de las infracciones aplicadas, seguido de Mineral de la Reforma con 11, Tizayuca con cuatro, Ixmiquilpan con tres y Villa de Tezontepec con dos.

Robles Gutiérrez agregó que la dependencia logró inhibir la operación de dos plataformas en Huejutla, Tizayuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma, aunque no identificó cuáles fueron.

Explicó que las autoridades revisan las denuncias por empresa y por grupo de casos, como parte de las acciones para impedir que continúen los servicios de transporte sin autorización en la entidad.

Respecto a Uber, la secretaria señaló que los amparos promovidos por la empresa no le han otorgado autorización para prestar el servicio en Hidalgo.

Añadió que el Ejecutivo estatal trabaja en acciones legales contra la plataforma, luego de que se reportara el inicio de operaciones en la entidad.

La estrategia contempla posibles sanciones administrativas y penales para quienes ofrezcan transporte público sin contar con una concesión o permiso estatal.

La secretaria también informó que la dependencia recibió nueve quejas por cobros irregulares en taxis, llamó a formalizar las denuncias y no solo hacer reportes en redes sociales.

Además, reportó la suspensión por tres meses de un operador de taxi, luego de una conducta considerada como violencia de género.

 

KNM