Fotografía: Especial

 

Representantes del ejido Santo Domingo Agua Zarca defendieron su postura ante el conflicto que mantienen con Rancho Santa Elena, en Huasca de Ocampo, y aseguraron que no buscan construir un camino nuevo ni realizar trabajos que impliquen derribar árboles o afectar la flora y fauna, sino acceder a su predio mediante una servidumbre de paso que, afirman, existe dentro del rancho desde un convenio suscrito en 2015.

A través de información difundida, los ejidatarios expusieron seis puntos para explicar su posición frente a los señalamientos relacionados con el acceso al terreno y las posibles afectaciones ambientales.

En el documento sostienen que su intención es llegar a un predio ubicado al otro lado de Rancho Santa Elena mediante el camino de servidumbre existente, por lo que rechazan que se trate de la apertura de una nueva vía de comunicación.

También señalaron que buscan establecer en el predio denominado “El Arco” un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) de carácter comunitario, con el propósito de contribuir a la protección de los recursos naturales.

Respecto a las actividades que pretenden realizar en el terreno, indicaron que buscan frenar la tala ilegal, regular el ingreso de turismo que consideran no autorizado y efectuar labores de saneamiento conforme a los lineamientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

En su posicionamiento negaron que la intención sea construir un camino que implique derribar árboles o afectar la vegetación y la fauna del lugar.

Incluso cuestionaron si existe evidencia de que se requiera una nueva vía, al señalar que cuentan con un camino de acceso que ya se encuentra dentro de Rancho Santa Elena.

Otro de los argumentos expuestos por los ejidatarios es que el camino que permanece cerrado por una barda, desde el 31 de agosto, pertenece a la comunidad y que su solicitud no representa la intención de cometer algún delito, sino alcanzar una negociación que consideran justa.

También aseguraron que el acceso no está completamente cerrado, pues señalaron que se permite entrar y salir a pie, aunque cuestionaron las condiciones en las que se mantiene el paso para los habitantes de la comunidad, mientras que los visitantes y responsables del rancho buscan transitar por los caminos.

Asimismo, hicieron referencia a antecedentes de inconformidades entre habitantes de distintas comunidades y Rancho Santa Elena, al señalar que desde años anteriores se han presentado denuncias por el uso del agua, que aseguran debe destinarse a actividades agrícolas y no turísticas, además de desacuerdos relacionados con la servidumbre de paso.

En ese sentido, los ejidatarios plantearon que la conservación ambiental debe considerar tanto a las comunidades como a los propietarios particulares y que no debe estar condicionada por intereses económicos.

Su postura contrasta con los señalamientos difundidos anteriormente por los responsables de Rancho Santa Elena, quienes han solicitado el resguardo del espacio natural al advertir posibles afectaciones al bosque por la apertura de un camino, así como por la colocación de una reja, zanjas, piedras y púas en las inmediaciones del acceso.

Los responsables del proyecto ecoturístico también han señalado que el lugar cuenta con reconocimiento como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación desde 2021 y que proporciona servicios ambientales, entre ellos agua potable para 13 comunidades y agua de riego para otras 10 localidades.

Menchaca señala que el conflicto ya está en Secretaría de Gobierno

Sobre esta controversia, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que el asunto ya fue recibido por la Secretaría de Gobierno estatal, desde donde buscarán acercamientos para encontrar una solución entre las partes.

«Es un asunto que ya se recibió en la Secretaría de Gobierno, vamos a tratar de encontrar una solución. Es una situación de litigio que sale fuera del ámbito del gobierno estatal. Pero nuestra preocupación es la preservación del medio ambiente y espero que encontremos mejor solución para todos», expresó.

El mandatario reconoció que, al tratarse de un litigio, la resolución se encuentra fuera del ámbito de competencia del gobierno estatal; sin embargo, manifestó su preocupación por la conservación ambiental y la necesidad de encontrar una salida que permita atender las diferencias.

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) también fijó anteriormente su postura y precisó que la controversia entre Rancho Santa Elena y los ejidos vecinos es de carácter agrario, por lo que su atención y resolución corresponde a las autoridades competentes en esa materia.

La dependencia aclaró que el certificado de ADVC reconoce la voluntad de conservar los recursos naturales del predio, pero no genera ni acredita derechos de propiedad, ni representa un pronunciamiento sobre su situación jurídica o agraria.

Como antecedente, la CONANP confirmó que el 13 de mayo de 2015 las partes involucradas suscribieron un convenio relacionado con el paso hacia el ejido Santo Domingo Agua Zarca, mediante un camino de servidumbre ubicado dentro de Rancho Santa Elena.

No obstante, puntualizó que no participó en la firma de dicho documento, por lo que no le corresponde pronunciarse sobre su interpretación, cumplimiento o efectos jurídicos.

Además, informó que el ejido ha manifestado su disposición para destinar el predio El Arco al establecimiento de un área comunitaria de conservación y anunció que realizará gestiones de acercamiento ante la Secretaría de Gobernación para propiciar el diálogo entre las partes.

Información de Karen Aicitel

 

KNM