Fotografía: Erick Perales
El gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció que la falta de información y socialización con las comunidades ha contribuido al rechazo de algunos proyectos de inversión, entre ellos el Parque Fotovoltaico de Tecozautla, cuya cancelación fue confirmada tras la oposición registrada durante la consulta indígena.
El gobernador señaló que, aunque existen casos en los que las comunidades tienen preocupaciones legítimas sobre las obras, también se han presentado proyectos que no fueron suficientemente socializados con la población.
“En algunos casos veo una preocupación real de las personas, están en todo su derecho y en otros ha faltado socializar los proyectos”, afirmó.
Entre los proyectos que han enfrentado oposición se encuentran también el Centro de Reinserción Social (Cereso) que se pretendía construir en Tasquillo, así como el relleno sanitario de Teocalco, en Tula, rechazado por habitantes de Tezontepec de Aldama cuando registraba más de 90 por ciento de avance, debido a posibles afectaciones a los mantos freáticos.
Menchaca aseguró que su administración no realizará obras que perjudiquen a las comunidades o se ejecuten contra su voluntad, por lo que planteó fortalecer la comunicación con quienes viven alrededor de los proyectos. Añadió que los casos de rechazo representan una proporción menor frente al número de inversiones que han llegado al estado, aunque reconoció que algunas oposiciones pueden tener tintes políticos.
Sobre la posibilidad de llevar el parque fotovoltaico de Tecozautla a otro municipio, destacó que Hidalgo ocupa el segundo lugar nacional en radiación solar y consideró necesario aprovechar este recurso para generar energía limpia. Dijo que ya existe una empresa interesada en gestionar 100 hectáreas dentro del Polo del Bienestar para abastecimiento energético, pero insistió en que deberán ser terrenos sin conflictos y con suficiente información para las comunidades.
Cabe recordar que la oposición a los parques fotovoltaicos también ha derivado en movilizaciones y recursos legales, comunidades y productores del Altiplano han exigido cancelar al menos siete proyectos, al señalar posibles afectaciones a zonas agrícolas, fuentes de agua, ecosistemas y actividades relacionadas con el maguey.
