Fotografía: Edén Torres
El representante de la Unión de Transportistas de Hidalgo y también concesionario del Tuzobús, Oscar Monzalvo, responsabilizó al Consejo de Administración de la empresa Corredor Felipe Ángeles, encabezado por Joaquín Gutiérrez García por el retraso en la entrega de unidades, lo que causó aplazar la operación de la estación Central de Autobuses.
El también accionista minoritario de la empresa concesionada sostuvo que el presidente del Consejo de Administración, Joaquín Gutiérrez García, no cumplió con el contrato que estableció la compañía con el gobierno estatal, por lo que solicitó una prórroga para entregar las unidades Volvo modelo 2020, que podrían tardar tres meses más.
De acuerdo con el representante de transportistas, los accionistas minoritarios están inconformes con la gestión de Gutiérrez García, ya que desde que fue nombrado como responsable del organismo no ha dado mantenimiento a las unidades y en estos momentos están en desuso 20 vehículos que están desvielados o que no han recibido afinación, además de que ha colocado a sus familiares en el mismo consejo y no tienen experiencia en el sector.
Agreg que aunque Joaquín Gutiérrez representa el 40 por ciento de las acciones, es decir, cerca de 180 acciones, hay alrededor de 240 accionistas minoritarios que buscarán que se realice una nueva asamblea para destituirlo del cargo y nombrar a alguien más capacitado, pues desde que está al frente del cargo el Tuzobús ha brindado un “pésimo” servicio de transporte para los ciudadanos.
Indicó que el gobierno estatal ha sido benevolente con la empresa para aceptar la prórroga que solicitó, pues legalmente está facultado para romper el convenio establecido y buscar a otra empresa, por lo que buscarán que no sean más afectados por el consejo de administración que fue nombrado desde el sexenio de José Francisco Olvera Ruiz.
Asimismo, dijo que no ha existido transparencia en el manejo de los recursos en la empresa, ya que los accionistas minoritarios han recibido pagos por cinco mil pesos en calidad de préstamos y por ello buscan una auditoría para conocer el estado en el que se encuentra la misma, razón por la cual desean la intervención del gobierno federal y estatal.
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