Fotografía: Nelly Téllez
Las autoridades electorales deben de flexibilizar el estándar probatorio que se requiere ante denuncias de violencia política contra las mujeres por razón de género, porque generalmente se ejerce la violencia simbólica y verbal para amedrentar y este tipo de agresión es muy difícil de comprobar.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, explicó que dentro del espectro de la violencia que se comete en contra de las mujeres, a raíz de las modificaciones para obligar a los partidos a cumplir con la paridad de género, este tipo de violencias son las más recurrentes para agredir en el ámbito político.
Debido a que todavía no se normaliza la presencia de las mujeres dentro de la esfera política, se usan expresiones que refuerzan estereotipos e ideas que permean en la colectividad para dudar de las capacidades de una mujer ante cargos de toma de decisiones únicamente por ser mujer y no por sus capacidades.
Dado que dentro del derecho se maneja una visión estricta en cuanto a los elementos probatorios que no debe replicarse en este tipo de denuncias, pues esto inhibe la denuncia, ya que es muy difícil de comprobar la violencia simbólica y verbal cuando generalmente se dan en espacios privados y ante personas que no quieren testificar para no involucrarse.
Por ello el reto que deben asumir las autoridades electorales es el de tratar de flexibilizar el estándar probatorio al darle preponderancia a lo que dice la víctima y de reconocer esta convivencia asimétrica donde impera la violencia sutil que se normaliza para así tomar las medidas preventivas necesarias que permitan la no repetición.
Aunque de igual manera reconoció que las autoridades electorales deben tener el apoyo de partidos políticos, ciudadanía y medios de comunicación para erradicar los discursos violentos contra las mujeres.
SJA
