Fotografía: Edén Torres
En este momento, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) se encuentra en el análisis jurídico de 84 expedientes para determinar las acciones legales que se podrían promover contra las entidades fiscalizadas que no lograron presentar la documentación necesaria para comprobar el destino de los recursos ejercidos en 2017 y 2018.
El auditor estatal, Armando Roldán Pimentel, explicó que como ente fiscalizador deben realizar un análisis jurídico para determinar la acción legal que proceda para dar vista a las autoridades correspondientes, para que estas dentro de sus facultades se encarguen de sancionar según corresponda.
Dentro de las acciones legales que se podrían promover van desde un procedimiento de responsabilidades administrativas, presentar denuncias de juicio político e incluso, de ser necesario iniciar la investigación de una falta administrativa grave, de ahí que es necesario hacer un análisis minucioso para ver qué tipo de acción se debe emitir.
En este sentido, como parte de la Cuenta Pública 2017 en su segunda y tercera entrega, la ASEH aún se encuentra en análisis técnico de 30 casos, pues ya se promovieron 16 acciones donde se remitió a los Órganos Internos de Control (OIC) Municipales por la posible comisión de una falta administrativa no grave.
Mientras que de la primera y segunda entrega de la Cuenta Pública 2018, son 54 expedientes que están en análisis y uno en proceso de notificación del pronunciamiento, pues ya se promovieron dos procedimientos de responsabilidades administrativas ante el OIC de la entidad por conducto de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo.
De igual manera hay tres casos que están en análisis de un procedimiento de responsabilidades administrativas, pues hay que recordar que la tercera entrega se presentó el 20 de febrero pasado y la ASEH aún se encuentra concluyendo con el análisis de la información y documentación presentada, por lo que después se pronunciará respecto de si lograron o no solventar la observación.
