Fotografía: Especial
Ante las acciones que generen violencia contra las mujeres en el transporte público y para evitar queden estos casos impunes, el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Congreso local propone establecer como una obligación, que los conductores de este sistema colaboren y brinden apoyo al primer respondiente o autoridad ante cualquier hecho probablemente constitutivo de delito.
En la exposición de motivos se expuso que el acoso sexual en los espacios públicos es una de las manifestaciones más frecuentes y normalizadas de las violencias contra mujeres y niñas, por lo que es necesario contribuir con acciones claras para seguir abonando a la erradicación de estas conductas hasta garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
De este modo plantean modificar la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo con el propósito de establecer que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) implemente procesos de capacitación y certificación en la sensibilización, prevención y atención del acoso sexual en el transporte público. Así como generar protocolos de prevención y actuación, y ofrecer espacios más seguros para ellas.
También se establece la obligación de los concesionarios y permisionarios para que den el acompañamiento en los casos reportados de acoso y violencia sexual en el transporte público. Mientras que para los chofere se les establece que deberán de colaborar y brindar apoyo al primer respondiente y/o autoridad, ante cualquier hecho probablemente constitutivo de delito en el que se encuentren involucradas mujeres a través de facilitar toda la información que se requiera.
