Fotografía: Especial
El pasado 29 de noviembre, la diputada morenista, Lisset Marcelino Tovar, propuso modificar los artículos 312 y 318 del Código Electoral para el Estado de Hidalgo para no solo reducir el porcentaje de cobro de sanciones a los partidos, sino que este recurso en vez de destinarse para fortalecer la ciencia y la tecnología, se ocupe para fortalecer programas sociales dirigidos a grupos vulnerables.
Ante esta iniciativa legislativa, el director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova), Francisco Patiño Cardona, expresó que si bien es una propuesta respetable, no debe olvidar que a nivel federal la legislación establece que este recurso se canalice al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
De igual modo refirió que gracias a este recurso que ha obtenido de forma adicional, el Citnova en los últimos años ha desarrollado proyectos e impulsado al talento de jóvenes en Hidalgo para que se sigan preparando en el ámbito educativo y continúen generando ciencia, tecnología e innovación.
El director general del Citnova recalcó que invertir estos recursos impactan directamente en el desarrollo social y económico de la población, pero además, hay que tomar en cuenta la política estatal del gobernador hidalguense, Julio Ramón Menchaca Salazar, referente a que el estado se vuelva un referente en materia de ciencia y tecnología, por lo que establecer otra cosa es ir en contra de estos ideales.
También lamentó que se plantee reducir el porcentaje de retención mensual del 50 al 25 por ciento de sus prerrogativas para poder liquidar la deuda, porque al final de cuentas la sanción es porque los partidos transgreden la ley y se les impone un castigo económico.
Debido a esto, exhorta a las y los integrantes del Congreso local para que puedan revisar con lupa esta propuesta, hace el llamado para que consideren todos los escenarios y prioricen las necesidades, pues dejar de apoyar la ciencia y la tecnología también podría repercutir en los índices de pobreza.
Por otro lado, hay que referir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la jurisprudencia 31/2015 se establece que en esencia establece que el destino de los recursos obtenidos por la imposición de sanciones económicas irán a las arcas del Conacyt o a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.
Lo anterior surgió para establecer un criterio firme que permita garantizar que se le dará un cauce más sano a las multas impuestas por la autoridad electoral en materia de fiscalización de los recursos públicos.
