En el estado de Hidalgo estamos conmemorando, el próximo 21 de mayo, los 150 años de que fue promulgada la primera Constitución Hidalguense, el año pasado se realizaron los festejos del sesquicentenario de la creación de nuestra entidad federativa y a poco de más de un año de aquel acontecimiento, en esta semana, habremos de recordar la fecha en que apareció el máximo documento jurídico-político que soporta la vida institucional de nuestra tierra hidalguense.
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El pasado 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Expresión, fecha que, si bien tiene mucho que ver con el periodismo, también lo es que es un derecho humano que abarca otros campos.
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Esta pandemia ha cimbrado en casi todos los ámbitos, el de la salud en primer lugar y otros como el económico, social, cultural, jurídico y hasta político. Sin embargo, los bajos presupuestos, su falta de orientación y la espera en la sala de las buenas voluntades para el caso de las niñas y niños, pasa como “parte” del problema.
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El artículo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de adecuar su ordenamiento jurídico a los mandatos convencionales, esto implica que si un país como México, suscribe tratados internacionales sus principios y mandatos se deben trasladar al derecho interno, lo anterior no es ninguna novedad pues desde su texto original la Constitución de 1917 y aun con sus reformas en los años de1934 y 2016, establece esencialmente en su artículo 133, que:
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El pasado 2 de abril, ejerció su facultad de atracción por parte del Instituto Nacional Electoral, en los casos de los estados de Coahuila e Hidalgo, para el “efecto” de suspender temporalmente, los procesos electorales que se venían desarrollando en estas entidades federativas, lo anterior con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19), que ha derivado en la pandemia reconocida por las autoridades sanitarias, nacional e internacionales; supuesto que si bien no está reconocido expresamente en la legislación electoral general, demuestra una preocupación en primer término, por el respeto al derecho humano de la salud y además continuar con el desarrollo democrático en un régimen republicano, en cuya esencia se encuentra precisamente la renovación periódica del poder.
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