Categoría: Opinión

El pasado mes de abril, la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, “Ministro Manuel Yáñez Ruiz”, a través de su directora, la C.P. Aleyda Hernández, convocó a un evento en el que el maestro Omar Martínez Báez, un destacado estudioso de los derechos humanos y quien esto escribe, analizamos el amparo en revisión 307/2016, resuelto por la primera Sala de la Suprema Corte, sea dicho de paso, el mismo le correspondió a nuestra paisana la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

La Ley General establece la obligación de toda persona de acceso al derecho a la educación, definiendo este como el medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

Mucho se ha dicho que esta parte normativa contemplada en los artículos transitorios que amplía el periodo de la presidencia de quien encabeza el Poder Judicial Federal y de algunos consejeros de la judicatura es inconstitucional, por lo que se expresará, a consideración de quien esto escribe, desde la Visión Constitucional, esta afirmación.