Fotografía: Espécial

Coparmex coincide con la visión del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador en cuanto  a la importancia de promover la descentralización, sin embargo existen también ciertas desventajas que las empresas desaprueban  ante las nuevas reformas, como el alto presupuesto que se gastará para su ejecución, así  como la retención de capital humano.

Una de las primeras iniciativas anunciadas  por miembros del equipo de transición del Presidente Electo fue la propuesta de reubicación de la gran mayoría de las Secretarías de Estado y las entidades más relevantes del Gobierno Federal, cambiando su sede principal en distintas ciudades de la República.

Coparmex no obstante enlista cierto inconvenientes con dicha reforma, he aquí algunos de ellos: Los tiempos y costos, Coparmex considera que  el Proyecto de Nación que formuló el Presidente Electo,  costará 125,000 millones de pesos, más 2,000 millones que se piensan invertir en estudios preliminares y otros gastos, y se calcula que podría tardar 4 años en concretarse.

Otro inconveniente es la selección de los inmuebles y justificación, según el portafolio del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales (INDAABIN), existen 116 inmuebles federales distribuidos en 25 estados, que se encuentran desocupados. Sin embargo, estos edificios no cuentan con las características necesarias de funcionalidad, ni la ubicación adecuada para albergar una dependencia federal.

También cabe recordar que la Ley General de Bienes Nacionales establecen el tope de renta para arrendamientos nuevos es de $269.54 por metro cuadrado.

Por otra parte también existe la retención del capital humano esto quiere decir que se tendrá que hacer un  desplazamiento de miles de funcionarios, que tienen su vida hecha en la Ciudad de México. El desplazamiento  provocaría la reubicación de las dependencias federales, requiere de una planeación estratégica e inversión en infraestructura de las ciudades receptoras.

Por último la red de empresarios refiere que la elección de ubicación, debe apoyarse en análisis de conveniencia, realizados con altos estándares de transparencia, pues no puede fundarse solo en las convicciones personales del Presidente Electo o su equipo.

 

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