Fotografía: Especial 

Ante la aprobación de la Ley de Ingresos 2019 en la Cámara de Diputados, el Consejo Coordinador Empresarial llama al Senado de la República a rectificar, permitiendo la compensación universal, para no desacelerar la actividad productiva.

La medida propuesta por el Gobierno de México va en contra de la simplificación fiscal que necesita el país y afectaría la liquidez de las empresas – particularmente las pequeñas y medianas- e, incluso, de las personas con actividad empresarial.

La propuesta obligaría a realizar de manera separada e independiente el pago de impuestos y la reclamación de devoluciones al fisco, generando mayores costos administrativos y contables, así como retrasando lo que hoy es inmediato, en un proceso que podría tomar de tres a nueve meses.

Eliminar la compensación universal tendría un claro impacto negativo en los costos financieros de las empresas, con el consecuente impacto en el nivel de precios al consumidor, el pago a proveedores, la liquidez, y el flujo de efectivo necesario para la continuidad muchas de empresas. Así, afectaría el crecimiento económico y —en última instancia— los ingresos tributarios que hoy pretenden elevarse.

Si el objetivo es reducir la evasión fiscal, el sector empresarial propone que se establezca una cláusula que prevea, para los contribuyentes cumplidos, supuestos en los que siga aplicando la compensación universal. Así, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría, a través de reglas de carácter general, permitir la continuidad de la compensación universal a los contribuyentes que cuenten con un historial de cumplimiento adecuado de sus obligaciones fiscales.

La compensación universal de impuestos federales, que ha funcionado desde 2004, ofrece la posibilidad a las empresas de compensar saldos a favor de un impuesto contra saldos a cargo de otros, evitando transacciones innecesarias y garantizando que el pago de impuestos y las devoluciones fiscales se realicen de manera inmediata. El nuevo esquema que se plantea con la inclusión del artículo 25 fracción VI de la Ley de Ingresos 2019, en cambio, pretende eliminar esta posibilidad.

Al pretender combatir a quienes evaden impuestos se perjudicaría a todos los que sí cumplen de manera responsable con sus obligaciones fiscales. Más que solucionar el problema de raíz, crea otro más severo; particularmente, en aquellos sectores que generan saldos a favor de manera recurrente, como el sector agropecuario y agroindustrial, o la industria maquiladora y manufacturera de exportación; y el sector de medicinas.

Los problemas de liquidez y complejidad en la tributación afectarán especialmente a las empresas más pequeñas – que son más del 99 por ciento de las empresas de este país; e incluso a personas físicas con actividad empresarial. Es fundamental que la autoridad dirija sus esfuerzos de fiscalización a quienes evaden impuestos, en lugar de establecer medidas que afecten a toda la economía en general.

Las implicaciones financieras de eliminar la compensación universal podrían resultar, incluso, en el cierre de empresas y la consecuente pérdida de miles de empleos en el país. Por eso, el sector privado hace un llamado a la reflexión sobre el impacto económico y social de esta medida, y proponen una alternativa para cumplir el objetivo de combatir la evasión fiscal sin afectar a los trabajadores, a las empresas y la economía.

El Consejo Coordinador Empresarial insta al Senado de la República a reconsiderar y enmendar este error. Ante la reducción en las expectativas de crecimiento para 2019, México necesita acelerar su actividad productiva creando un ambiente propicio para el desarrollo de las empresas. Únicamente juntos podremos generar una sociedad más próspera y equitativa.

 

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