La Primera Presidencia del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo
El Estado de Hidalgo fue una de las primeras entidades federativas en alinear sus disposiciones e instituciones al Sistema Nacional Anticorrupción que surgiera por mandato constitucional en su artículo 113 del Código Supremo; en dicho numeral el mencionado sistema se definió como la: “… instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.”
De esta manera surge dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el mandato de tener un sistema anticorrupción y la obligación de las entidades federativas de establecer “… sus propios sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.”
Este sistema nacional, cuenta con tres instancias indispensables, su Comité Coordinador encargado de “establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.”
Además, el Comité de Participación Ciudadana cuyo objetivo es coadyuvar, en términos de la ley, al cumplimiento de las políticas dictadas por el Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Nacional.
Finalmente la Secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y la ley.
Por otra parte la reforma en la materia exige nombrar a un fiscal anticorrupción que hasta el momento no se ha realizado a nivel federal, aunque en Hidalgo ya se cuenta con la figura correspondiente.
En el caso de los estados del país se realizó un ejercicio de espejo para considerar figuras semejantes, aunque en un ejercicio federalista, en nuestra entidad federativa, se incorporó dentro del Comité Coordinador, las figuras de los ayuntamiento, situación que inclusive permitió emitir una recomendación a los entes municipales para que existiera un mayor apoyo a las contralorías, pues derivadas de las reformas, sus atribuciones crecieron y requieren cumplir a cabalidad con sus funciones.
El primer Comité de Participación Ciudadana se integró por relevantes perfiles entre los que se encuentran: Mirna Roció Moncada Mahuem, Ana María Tavares Jiménez, Juan Melquiades Ensástiga Alfaro, Rafael Herrera Macías y Angélica Tomasa Rodríguez Pérez, que son la voz ciudadana en el sistema y su función de vinculación con la sociedad es básica para el conocimiento y actuar del Comité.
La primera de los mencionados fungió como la primera presidenta, tanto de los Comités de Coordinación y de Participación Ciudadana, lo que le permitió en una etapa de transición, mantener la cohesión de ambos órganos, pero sobre todo realizar acciones de las cuales no existían precedentes claros en los estados del país.
Otros de los logros que en la historia de estos organismos locales contra la corrupción quedarán plasmados, son: el nombramiento del primer secretario técnico, la elaboración de un programa anual de trabajo, así como de lineamientos de trabajo del Comité Coordinador, la definición de los temas para analizar por el Comité Coordinador, difusión y sensibilización acerca del Sistema Estatal Anticorrupción, además de acciones de profesionalización y contacto. (situaciones que fueron prioritarias para la Presidenta en su periodo de gestión), percepción de la corrupción y el uso de la denuncia; rematando estas acciones sustantivas un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a través del informe de labores que este día se realiza.
También como ya se mencionó emitió la primera recomendación a los ayuntamientos del Estado, que, si bien pareciera una sola acción, realmente son 84 grandes retos a que se enfrentarán los órganos municipales a fin de cumplir cabalmente con una Ley General de Responsabilidades Administrativas, ordenamiento jurídico construido desde el centro del, país y que desconoce la realidad de muchas instancias de control en el primer orden de gobierno del país.
Concluye una primera etapa del sistema estatal anticorrupción con un balance positivo, ya que cualquier inicio representa dificultades y retos, pues construir en la nada siempre será meritorio. Éxito a la contadora Myrna Moncada quien regresa a su actividad como auditora independiente.
Una nueva etapa inicia, la de la doctora Ana María Tavares de quien su experiencia y trabajo es su mejor carta para los nuevos tiempos que habrá de afrontar.
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SJA
