Fotografía: Captura de pantalla
En el combate a la violencia política contra las mujeres por razón de género, las autoridades electorales no deben ser un obstáculo al privilegiar los formalismos legales, sino de hacer uso de todo el andamiaje jurídico para juzgar sin miedo los casos, incluso aquellos que no están legislados, como las redes sociales.
La magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gabriela Villafuerte Coello, advirtió que aunque en las recientes reformas federales para combatir y eliminar esta problemática no se incluyó el tema de las redes sociales.
Debido al paso de la pandemia del covid-19 que obliga a replantear muchos temas sociales y a adoptar nuevas formas de hacer las cosas, el reto en materia electoral se vuelve mayúsculo, pues hoy las redes sociales se convertirán en la arena para llevar a cabo las contiendas electorales.
De modo que el reto al que se van a enfrentar las autoridades se vuelve complejo, ya que hoy gracias a las diversas formas de “vivir” en el ciberespacio los ataques no solo serán anónimos, sino que se plantearán nuevas formas de agresión contra las mujeres y es por ello que las autoridades deberán moldear una inevitable justicia digital.
Pues si no va a estar plasmado en la ley de manera textual o el delito no se puede encuadrar en ninguna de las 28 hipótesis, las autoridades en lugar de dar solución se convertirán en un obstáculo, y solo van a llenar sus resoluciones con letras y no se estará identificando el contexto, no se juzgará con perspectiva de género; pero sobre todo, no se dará justicia ni seguridad.
Por ello es que advierte de la necesidad de hacer lecturas amplias, complejas y de emitir resoluciones sin miedo, de hacer uso de las herramientas legales existentes aunque no estén enfocadas a la materia electoral, todo por garantizar la seguridad e integridad de las mujeres.
SJA