Fotografía: Edén Torres
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) se encuentra en el análisis jurídico para determinar qué tipo de acción legal procede promover en contra del Congreso local por no aclarar oportunamente el destino de 1 millón 159 986.08 pesos pertenecientes a la Cuenta Pública 2018.
El auditor estatal, Armando Roldán Pimentel, explicó tras la reanudación de actividades operativas de este órgano fiscalizador se retomaron las acciones que quedaron pendientes, entre ellas la de pronunciarse respecto a la falta de elementos probatorios suficientes para solventar la observación económica que se les hizo el año pasado.
De esta manera una vez que se determine la acción legal a ejercer, las autoridades competentes deberán desahogar el proceso legal correspondiente, así como a los probables responsables de esta situación ofrecer sus pruebas como parte de la garantía de audiencia, de modo que la autoridad encargada determinará en este sentido la responsabilidad o no de la comisión de la falta.
Hay que que referir que derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, el Congreso local en ese año pagó un contrato por concepto de «Servicios de consultoría, asesoría técnica especializada y acompañamiento a la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en materia de ingreso-gasto para el paquete hacendario del ejercicio fiscal 2019».
Sin embargo, la entidad fiscalizada no contó con la documentación suficiente y necesaria para lograr justificar y probar los trabajos realizados por la empresa, pues incluso después de emitirse la observación, el Congreso local no logró presentar la documentación correspondiente para atender el importe observado y es por ello que al haberse agotado el tiempo se analiza qué tipo de acción procede para remitirla a las instancias competentes para darle el seguimiento oportuno.
SJA
