Fotografía: Especial
Aunque ya se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el decreto que contiene la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de Hidalgo y esta entrará en vigor hasta el 1 enero del año 2022, las medidas de protección podrán emitirse este año para procedimientos que estén en curso de ser necesario.
De acuerdo al decreto publicado este lunes, dentro de los transitorios de esta ley se advierte que las medidas de protección establecidas en esta Ley también serán aplicables respecto de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad iniciados con antelación a la entrada en vigor, siempre y cuando se cumplan los requisitos contenidos en esta Ley.
Como parte de algunos de los requisitos establecidos para que la solicitud de medidas de protección resulte admisible, son que el solicitante haya aportado información sensible por una falta que revele o acredite posibles actos de corrupción de carácter administrativo, así como incluir la identificación de la persona o personas que ponen en riesgo la integridad del peticionario.
Se destaca de igual manera que, en lo que respecta a los demás aspectos normativos entrarán en vigor hasta el próximo año debido a que se tendrá que trabajar en la construcción del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2022 para que se le etiqueten los recursos necesarios que permitan darle operación a esta ley.
Cabe mencionar que una vez que entre en vigor, el titular del Poder Ejecutivo local deberá realizar el Reglamento de esta Ley a fin de expedirla en un término de 90 días posteriores, esto permitirá regular y especificar el actuar de quienes deban aplicar estas disposiciones para que se cumpla a cabalidad la norma jurídica.
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