Fotografía: Especial
Para evitar la proliferación de asentamientos humanos irregulares bajo el consentimiento de cualquier servidor público, se propone modificar el Código Penal para el Estado de Hidalgo para imponer de 4 a 9 años de prisión, una multa de 700 a 1400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente y una inhabilitación por 9 años.
La diputada local, María Adelaida Muñoz Jumilla, refirió que se han presentado casos donde con tal de permitir la construcción de obras en materia urbanística se ignoran otros aspectos y se contraviene con los atlas de riesgo, así como los planes o programas de desarrollo urbano.
Esto representa a la larga no solo un peligro en materia de protección civil, sino que se pone en riesgo tanto el patrimonio de las familias como la vida misma de las personas que habitan y circulan en esos espacios, por ello es necesario reforzar el andamiaje jurídico para prevenir los delitos cometidos en materia de protección civil.
De esta manera, además de incrementar la punibilidad, se establece que en caso de que la o el servidor público que promueva, otorgue permisos o se beneficie de este tipo de asentamientos, se le aplicará la misma sanción antes referida.
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