Fotografía: Especial
De las 85,446 personas que están en el servicio público en el estado de Hidalgo y que estaban obligadas a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses de modificación, solo el 98.50% cumplió en tiempo y forma, el resto del personal que fue omiso entrará en revisión para determinar si ameritan o no una sanción.
De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, del 1 al 31 de mayo de este año, únicamente 84,184 servidores públicos cumplieron con esta obligación, mientras que 1,262 fueron omisos y por razones desconocidas no presentaron estas declaraciones que son una obligación pues así lo dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Al preguntar qué sucederá con estas personas incumplidas, se señaló que tendrán que justificar su falta de declaración en tiempo y forma, al mismo tiempo que tendrán la oportunidad de solventar su omisión, en caso de reincidencia y pese a la invitación a cumplir en una segunda oportunidad y sin justificación, se procederá a iniciar un procedimiento como lo marca la ley antes mencionada.
Este procedimiento será con motivo de la presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas a las que haya lugar, de modo que es posible aplicar el artículo 75 de la multicitada ley, en el que se contemplan las sanciones administrativas que pueden ser: desde una amonestación pública o privada, la suspensión que puede ir de 1 a 30 días, hasta la destitución e incluso, hasta la inhabilitación temporal del empleo, cargo o comisión, inhabilitación que puede ser de 3 meses a un año.
