Fotografía: Especial
La Secretaría de Contraloría de Hidalgo invita a todas las y los servidores públicos de la entidad a presentar su declaración patrimonial y de intereses 2023, tal y como lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a más tardar el próximo 31 de mayo, o de lo contrario podrían ser acreedores a recibir una sanción.
El objetivo de cumplir en tiempo y forma con esta obligación, es el poder conocer la evolución del patrimonio y los intereses del personal del servicio público a fin de detectar irregularidades por mal uso de recursos, así como inhibir prácticas corruptas o de enriquecimiento inexplicable o ilícito.
Aunque la dependencia implementó una estrategia para lograr el cumplimiento total de las y los servidores para presentar esta declaración, hay que recordar que de acuerdo a la ley, en caso de que se presenten omisiones sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por la presunta responsabilidad.
Lo anterior ya que se considera está omisión como la comisión de una falta administrativa, pero aun así se requerirá el cumplimiento de esta obligación. Pero si la omisión persiste pese a que se le pidió hacerlo de forma extemporánea, entonces es posible aplicar el artículo 75 de la multicitada ley, mismo que trata sobre las sanciones administrativas que pueden ser: una amonestación pública o privada, la suspensión que puede ir de 1 a 30 días, la destitución e incluso, hasta la inhabilitación temporal del empleo, cargo o comisión, inhabilitación que puede ser de 3 a 12 meses.
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