Fotografía: ADN

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) detectó que diversas dependencias estatales, durante 2022, realizaron adjudicaciones ilegales, así como la contratación y pago de servicios y artículos sin que existan pruebas de las mismas, son algunas de las acciones en las se destinaron 795 millones 441 mil 717.43 pesos.

 

Si bien en estos momentos el monto observado no significa necesariamente un daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad, sí debe aclarar el destino de estos recursos, de lo contrario podrían iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes.

 

Pues pese a que las diferentes áreas afirmaron que usaron el recurso público para cuestiones necesarias, al momento de comprobar y justificar no se presentó la documentación pertinente y en algunos casos se detectaron violaciones a la ley, así como la inexistencia de lo contratado o pagado.

 

A continuación se explicarán algunas de las acciones irregularidades detectadas, en una dependencia los servidores públicos aprobaron el otorgamiento de estímulos injustificados, se compraron computadoras sin que estas existieran, se contrató una póliza de seguro vehicular y tras un siniestro no se aplicó el resarcimiento del daño.

 

Se realizó la contratación de servicios de informática, del proyecto emisiones vehiculares reguladas por 17 millones 900 mil pesos, pero los trabajos contratados no fueron realizados de acuerdo a los establecido, que era la elaboración de una plataforma de verificación vehicular, la cual no se encuentra instalada y operando.

 

Sobre el punto anterior, hay que destacar que ese mismo año fue cuando el gobierno estatal revocó las concesiones de más de 45 verificentros por presuntas irregularidades.

 

Se compró una torre y un repetidor para uso del gobierno, pero se localizaron en un inmueble que no es propiedad del Estado. Se realizó la contratación de los servicios de ciberseguridad, pero no hay pruebas de estas acciones.

 

Se realizó la contratación de servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, por concepto de la realización de videos en los 7 pueblos mágicos en 54 destinos turísticos. Pero al revisar el material se detectó que este material ya existía previo a la contratación, además de que la empresa no tenía trabajadores.

 

De igual manera se pagó por realizar un estudio para la restauración ecológica, equipamiento forestal y acciones adicionales para el saneamiento del relleno sanitario el Huixmi, cuando aún no estaba lista la restauración ecológica, equipamiento forestal y acciones adicionales para el saneamiento del sitio en cuestión.

 

Se informó que en ese año se instalaron 219 módulos temporales de asepsia arrendados, pero no se presentó documentación para acreditar esto. Tampoco se presentaron pruebas para la compra de los suministros como jabón líquido antiséptico, toallas, relleno de agua potable clorada.

 

Se realizaron donativos a instituciones sin fines de lucro por más de dos millones de pesos, se pagó por combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres, pero no hay tickets y tampoco coinciden los litros consumidos con las bitácoras. Se pagó por un servicio de internet y otros de consultoría.

 

También se pagó por la realización de talleres virtuales que no cumplieron con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez. Se hizo la compra de medicinas y productos farmacéuticos, pero no hay evidencia.

 

ECRL