Autor: Mario Pfeiffer

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas («ONU») aprobó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, cuyo objeto es el de combatir la corrupción como un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países; con motivo de dicha Convención, gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo están uniendo fuerzas para combatir actos de esta índole.

Desde la Visión Constitucional los organismos de protección de los derechos humanos, son entes autónomos que formulan recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Existe uno en cada entidad federativa y el nacional que hoy es objeto de cuestionamientos tanto en el procedimiento de elección de su titular como del cumplimiento de los requisitos exigidos a la misma para su desempeño.