Fotografía: Nelly Téllez
Por tomar decisiones unilaterales y obstruir el ejercicio del cargo la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Guillermina Vázquez Benítez, el consejero, Augusto Hernández Abogado, interpuso un juicio en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esto derivado de que en días pasados la presidenta consejera realizó una reestructuración de las áreas internas del instituto y suprimió dos de las cuatro plazas de la oficina indígena sin someterlo a consideración del pleno, de ahí que interpusiera un juicio de protección para los derechos políticos ciudadanos en la modalidad de acceso al cargo en su vertiente de ejercicio del propio.
Explicó que de origen existe una omisión legislativa que permite desde el contenido de la ley el despliegue de actos administrativos o determinaciones unipersonales, verticales y unilaterales en favor de quién está al frente de la presidencia, lo que de alguna manera desnaturaliza el objetivo de un órgano colegiado.
A su consideración destacó que la presidenta se saltó algunos procesos administrativos para poder ejecutar esta reorganización interna, pues no informó al Consejo General del IEEH para que respaldara esta decisión ni tampoco se dio vista a la Junta Estatal Ejecutiva a fin de dar sustento y legitimidad al buen funcionamiento institucional.
Hernández Abogado puntualizó que con esta acción hubo un despliegue de facultades sin privilegiar la naturaleza colegiada del órgano, aunque afirmó que ya está en la cancha de la Sala Superior y allí se resolverá esta controversia para determinar si sí se obstaculiza o no el ejercicio del cargo por esta conducta.
Destacó que con este juicio se tendrá que forzar a una reflexión sobre el propio diseño del organismo, pues el marco legal en materia electoral vigente no concede ninguna atribución a favor de las comisiones que están integradas por los consejeros electorales siendo las direcciones ejecutivas las que tienen más funciones y atribuciones.
No obstante, destacó que desde el 2016 se viene advirtiendo una serie de circunstancias en las que esta postura se viene replicando tanto para temas como la modificación del presupuesto o solicitudes de aumento del mismo no han sido materia de aprobación del propio Consejo General cuando sí está previsto en el Código Electoral local.
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