Fotografía: Nelly Téllez
La violación de los protocolos en la intervención eficaz de las llamadas de la ciudadanía por parte de los policías ha derivado en linchamientos, por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió la primera recomendación general dirigida a las 84 alcaldías para que en tres meses mejoren proceso de intervención para prevenir más violencia colectiva.
Alejandro Habib Nicolás, presidente de la CDHEH, explicó que derivado del estudio y análisis de las cuatro quejas que han iniciado de oficio por los hechos sucedidos en Huasca de Ocampo, Tula de Allende, Metepec y Chilcuautla donde hubo violencia colectiva, el común denominador es que la policía municipal no actuó en apego a los protocolos.
“Lo primero que tienen que hacer los cuerpos de seguridad es poner a disposición inmediata del Ministerio Público (MP) a esa persona, ¿qué sucedió? que tenían detenidas a esas personas y la propia ciudadanía se acercó y les quitó a los elementos de seguridad pública municipales a estas personas a las que se les estaba imputando un delito” dijo.
Explicó que los protocolos existen por una razón y es precisamente para resguardar la integridad y la vida de las personas imputadas; pero por otro lado se inhibe la conducta agresiva de la ciudadanía para evitar que pase de ser víctima a victimaria, porque cometen delitos al final de cuentas y no es justicia de ninguna manera.
Una vez que reciban la recomendación las alcaldías en un plazo de tres meses deberán mejorar el actuar de los elementos de seguridad pública, de capacitarlos en tema de derechos humanos, de diseñar y publicar un protocolo de actuación para casos de violencia colectiva, así como hacer un diagnóstico de la operatividad y efectividad de las corporaciones de policiales municipales ante linchamientos.
El ombudsman hidalguense dejó en claro que esta recomendación también va dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para que investigue a los policías pues de comprobarse que por su omisión o actuar hayan incurrido en algún delito y merezcan una sanción la ejecuten.
Pues advirtió que no debe haber impunidad en este tipo de sucesos, ya que de hacerlo se mandará un mensaje de que la ciudadanía puede actuar por fuera de la ley sin que existen consecuencias, lo que romperá el estado de derecho y la paz social.
Habib Nicolás refirió que los derechos vulnerados en los cuatro municipios antes mencionados son: el derecho a la vida, la seguridad jurídica, la integridad personal, el derecho a la libertad personal y a las garantías judiciales.
Finalmente, en relación al caso de Tulancingo de Bravo donde murieron tres personas en días pasados, informó que, aunque se abrió una carpeta de investigación, corren dos versiones una por linchamiento y otra por ejecución, situación que la PGJEH aún no determina qué fue y por ello el caso se seguirá investigando.
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