Fotografía: Nelly Téllez

Por la falta continua de la defensoría privada del ex subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), P. P. M., a las audiencias dentro del plazo legal para resolver las causas penales 355/2016 y 362/2018, agentes del Ministerio Público (MP) y el apoderado legal de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) señalaron que se presume una estrategia legal y un acto de mala fe para beneficiar al imputado.

Esto lo refirieron en las dos audiencias de continuación que se realizaron este domingo en los Juzgados de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) las cuales estaban programadas a las 10 y 14 horas. Sin embargo, se tuvieron que recorrer de manera extraordinaria debido a que el abogado principal de, P. P. M., sufrió un accidente automovilístico.

Agentes del MP y el apoderado legal de la SEPH si bien comprendieron, expusieron ante los jueces de control, Ciro Juárez González y Víctor Manuel Portela Ortiz, que no era posible que de tres abogados que tiene el imputado ninguno se haya presentado y eso resulta sospechoso, pues lejos de ser atípico es desconcertante ya que tienen la obligación de defenderlo y asistirlo en estas audiencias programadas.

Ante esta situación para la carpeta penal 355/2016 se le impuso un defensor público para que llevara su caso y darle continuidad al caso en los plazos legales establecidos. Mientras que para la carpeta 362/2018 se quedó pausada bajo la advertencia de que si no se presentaban los defensores privados también se nombraría a un abogado público pues ambos casos se deben resolver antes de las 4 de la mañana.

Hay que recordar que para la causa penal 354/2016 ya fue vinculado a proceso por un monto de 68 millones 795 mil 10 pesos, mientras que en la causa penal 355/2016 se le imputa un monto de 126 millones 871 mil 653 pesos y en la causa penal 362/2018 el monto imputado es de 491 millones 333 mil 311 pesos, todas las causas por el delito de peculado en agravio de la administración pública y que da un total de 686 millones 999 mil 974 pesos.

Carlos Emigdio Arozqueta Solís, apoderado legal de la SEPH, afirmó que ante esta situación atípica y enrarecida alegaron que el propio imputado fue el que determinó el plazo de 72 horas para resolver su situación jurídica y que no era factible otorgarle otra prórroga, pues a leguas se veía que no estaban actuando de buena fe al intentar alargar el procedimiento y rebasar el plazo fatal para así ponerlo en libertad en únicamente dos causas, pues sí está vinculado por la causa penal 354/2016 donde sí tiene medidas concretas.

“No lo vamos a permitir de ninguna manera, vamos a integrar todo lo que la ley nos permite para que así se pueda continuar con el proceso y se resuelva. Porque tenemos la plena seguridad de que corresponde a la vinculación porque las pruebas que se han aportado y trabajo que se ha hecho es bastante sólido para demostrar las conductas; pero sus abogados están apostando a otro tipo de defensas que no pueden acreditar con el otro autor” dijo el apoderado legal de la SEPH.

Se señaló que costó mucho esfuerzo a los elementos de investigación localizarlo y que además estuvo prófugo dos años, por lo que ya se determinó que pasara lo que pasara, con o sin defensa privada los jueces de control determinaron que las causas penales debían atender la situación jurídica de, P. P. M., antes de las cuatro de la mañana.

Hasta el corte de esta edición las audiencias estaban declaradas en receso y debían desahogarse en el transcurso de la noche e incluso madrugada de este lunes 12 de noviembre y hasta antes de las cuatro de la mañana para resolver si existen elementos necesarios y suficientes para vincularlo a proceso por el delito de peculado.

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