El resultado de la consulta popular
¿Qué es la Consulta Popular?
“Es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público”.
Instituto Nacional Electoral
No cabe duda que el resultado de las cosas es “según el cristal con que se mira”, como dice la conseja popular. Mayor aplicación a la frase no podía darse, sino en el pasado ejercicio democrático de la consulta popular, para que se aplique la ley a servidores públicos que la han violado, en el ejercicio de su encargo (o algo así).
Existen dos posturas antagónicas con visos de validez, al que parecer de quien esto escribe, ambas; unas reconociendo como el primer ejercicio serio y legal en la historia del país; por otra parte, a quienes les parece un gran fracaso por múltiples razones, como ser fatua, innecesaria, intrascendente, amañada y un largo etcétera de descalificaciones.
Los y las lectoras tendrán su mejor opinión. Analicemos el resultado de la consulta desde la objetividad de los hechos.
Desde la Visión Constitucional, la consulta careció de un resultado final claro (creemos que en parte por no existir claridad en la pregunta misma: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”).
La consulta apenas alcanzó el 7.1 % de participación ciudadana. Si bien, el que hayan acudido a las urnas de consulta 6 millones 663 mil 208 ciudadanas y ciudadanos, es relevante, lo cierto es que se encuentra muy lejos de los 93 millones 671 mil 697 integrantes del listado nominal que son el cuerpo electoral que pudo ejercer su derecho.
Habrá quien se queje que no pudo votar por no haberse instalado el 100% de las mesas receptoras de una elección y la autoridad electoral responderá que el presupuesto asignado apenas alcanzó una tercera parte de lo solicitado. Ambos tienen razón.
Sin que parezca contradictorio, la consulta fue contundente en cuanto al sentir de quienes participaron, pues la ciudadanía se manifestó (los pocos que ejercieron su derecho) en el sentido de que están de acuerdo que se aplique la ley o lo que hayan entendido; esto es, 6 millones 511 mil 385 consultados que representan la friolera del 97.7214% de los acudieron a la consulta; contra el 1.5449% del no y un 0.7335% de opiniones declaradas nulas, situación engañosa, pues la aprobación de modelo de la papeleta de la consulta se hizo en contra de lo establecido por la legislación en la materia, que ordena un tercer recuadro para manifestarse por la abstención, que fue impedida por la autoridad electoral a los participantes; aquí no hay justificación.
Y aunque para algunos esta situación pudiera parecer intrascendente, no lo es, pues no es lo mismo abstenerme que deliberadamente anular mi opinión, pues mientras en la abstención la voluntad se manifiesta inequívocamente, en la anulación los motivos pueden ser varios y esa voluntad es parte de la consulta.
Ahora, después de la utilización de 500 millones de pesos para desconocer la voluntad de la ciudadanía en el tema y saber que su resultado no es vinculante por ausentismo en las mesas receptoras de la consulta, lo que sigue es: ¿qué va hacer la autoridad?
Como el resultado no es obligatorio dejará de llevar a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, que es su obligación, pues de no hacerlo caería en una omisión a sus obligaciones y responsabilidades.
O, por otra parte, lo hará con toda diligencia y responsabilidad con lo que dará la razón a quienes pensaban y piensan que la consulta era innecesaria.
Como ya se había señalado en una participación anterior, al parecer nadie de los organizadores quedó bien, solo el pueblo que participó conscientemente en el primer ejercicio de consulta democrática en el país. A seguir construyendo la democracia en el país.
Visionare. Con su altísima calidad de jurista, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, ha declinado la ampliación de su mandato por una legislación que atenta contra la Constitución. Esperemos los resultados de las acciones legales pertinentes.
