Fotografía: Especial

 

El Congreso local solicitará tanto a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) que expliquen la metodología y argumentos usados para revocar las concesiones a los verificentros en junio pasado.

La diputada presidenta de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso local, María del Carmen Lozano Moreno, informó que ante las quejas y reclamos por parte de los concesionarios es necesario atraer el tema para intervenir hasta donde sus facultades se los permita.

Refirió que el asunto no es algo menor, porque estas familias invirtieron una gran cantidad para adquirir los equipos y estar constantemente actualizados para cumplir con la normativa establecida para poder operar y cumplir con los objetivos establecidos para tal fin, además de que de estas unidades de verificación dependían 400 familias.

Sin embargo, de un día para otro les retiraron las cancelaciones sin una explicación alguna, no fueron multados temporalmente y tampoco se les realizaron observaciones para poder aclarar o subsanar la falla aparente para continuar operando, sino que fue una decisión tajante.

Por este motivo es que se solicitará la asistencia del personal de Proespa así como del titular de la Semarnath, Said Javier Estrella García, para que expliquen puntualmente tanto la metodología como las razones legales para cancelar estas concesiones que estaban vigentes hasta el año 2023.

La diputada afirmó que este es un negocio muy redituable, porque se estima que existen 1,200,000 vehículos obligados a verificar dos veces al año, acción que cuesta 600 pesos, por lo que es necesario saber exactamente lo que está detrás de esto, porque además existen problemas de contaminación y el que los vehículos puedan transitar en Ciudad de México.