Fotografía: Especial

 

Como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2021, en su segunda entrega, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) reportó que de las 111 entidades a las que se les practicaron 271 auditorías, no se logró comprobar oportunamente un total de 20,168,386.04 pesos.

Ante esto, el auditor estatal, Armando Roldán Pimentel, explicó que este monto observado se originó porque los entes gubernamentales no presentaron en tiempo y forma la documentación requerida para comprobar el correcto uso de los recursos públicos.

De estos más de 20 millones de pesos, el 46.55% corresponde a los municipios, pues deben aclarar un total de 9,389,023.25 pesos, de estos, los tres municipios que presentan los mayores montos por aclarar son San Salvador con un monto de 2,549,531.91 pesos, Eloxochitlán con 1,652,160.02 pesos y Tepehuacán de Guerrero con 967,635.98 pesos.

En segundo lugar está el Poder Ejecutivo, pues de este universo observado representa el 28.23%, ya que debe aclarar 5,694,584.09 pesos ya que se detectaron irregularidades en la Oficialía Mayor por un monto de 4,465,446.78 pesos, así como en las secretarías de Medio Ambiente, Cultura y Obras Públicas por monto superior 1.2 millones de pesos.

En tercer lugar se encuentran los Organismos Descentralizados Municipales que representan el 19.23% del monto observado, pues no lograron justificar 3,880,064.52 pesos, donde el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca no logró comprobar más de 900 mil pesos.

En último lugar se encuentran las entidades del sector paraestatal y organismos autónomos, quienes representan el 5.97%, pues entre todos deben justificar un total de 1,204,714.18 pesos.

Ante este escenario, el auditor estatal refirió que en este momento estas observaciones no necesariamente implican algún tipo de daño al patrimonio o a la hacienda pública, pues tendrán un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de su informe individual para que presenten la información y documentación suficiente.

Una vez que lo hagan, tendrá este órgano fiscalizador un plazo de 60 días para poder pronunciarse y determinar si lo que presentaron permite solventar lo observado o no, en caso de que no, se iniciarán los procesos correspondientes.