Fotografía: Especial
Los resultados de los Foros de Consulta sobre Derechos Políticos a Personas con Discapacidad, que realizó el Congreso local, derivaron en la aprobación del dictamen mediante el cual se modifica el Código Electoral del Estado de Hidalgo, para regular los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.
El diputado local Luis Ángel Tenorio destacó que fue indispensable realizar en 2022 una consulta a este colectivo social para asegurar que se les diera una participación adecuada y plasmar sus propuestas en acciones afirmativas que les permitan acceder a los cargos públicos de elección popular, a las actividades de campaña, a la designación en el servicio público estatal y municipal, así como el derecho de participación política en los mecanismos de participación ciudadana.
Destacó que el 95 % de las personas participantes votaron a favor de la reformas propuestas en la iniciativa objeto del presente dictamen, se recibieron mil 166 propuestas; mil 82 comentarios fueron presentados de forma presencial en las sedes y 84 se recibieron en línea a través de la plataforma.
«Esto da muestra clara y eficaz de que el Congreso de Hidalgo cumplió con la formalidad esencial de consultar previa, real y efectivamente a personas con discapacidad antes de emitir el presente dictamen. Cumpliendo así con los procedimientos de consulta que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación», destacó el legislador.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra que los partidos políticos y las candidaturas independientes. al integrar sus planillas para los municipios, deberán postular una fórmula completa para personas con discapacidad en cualquier lugar de la planilla por el principio de mayoría relativa en aquellos municipios de hasta 50 mil habitantes, y dos fórmulas completas en municipios de más de 50 mil habitantes.
De igual manera, para la promoción protección y aseguramiento pleno del ejercicio de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, cada partido político deberá destinar anualmente al menos el 3 % del financiamiento público ordinario.
También se establece que si en las diputaciones no hubiera sido electa bajo el principio de mayoría relativa, alguna fórmula integrada por personas con discapacidad en las asignaciones, deberá garantizarse el acceso al cargo de personas con discapacidad.
Asimismo, se deberá garantizar que en al menos una de las 12 fórmulas a diputaciones por el principio de representación proporcional sea para este sector.
